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El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, anunció ayer que de no producirse cambios que mejoren el Proyecto de Ley de Extranjería, ésta podría ser aprobada durante la próxima Legislatura, sin que por ello nadie tenga que escandalizarse, ya que tiene que ser «una ley abierta, pero rigurosa, y aprobada por todos».

El ministro negó que dentro del Ejecutivo haya discrepancias al respecto, y destacó que lo que se pretende es suavizar algunos de los aspectos de la proposición de ley, como el de establecer un mecanismo de legalización permanente de inmigrantes ilegales, «que lo que haría sería atraer hacia España a todas las mafias que se ocupan en el mundo de la inmigración ilegal».

Matutes anunció que la postura del Gobierno coincide con la de la Unión Europea, a la vez que afirmó que «por descontado» la sociedad española y todas las fuerzas políticas van a estar de acuerdo con la aprobación de la ley, la cual, «si se puede mejorar y aprobar ahora, mejor; y si no da tiempo a introducir estas mejoras, lo importante es que España cuente con una buena Ley de Extranjería».

Pese a negar discrepancias en el Gobierno, lo cierto es que el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos, señaló que «es imposible» que el Ejecutivo pueda retrasar el proceso de aprobación parlamentaria de una ley.

Ante estas circunstancias, PSOE e IU criticaron al Gobierno por las discrepancias entre los ministros sobre la ley de extranjería. Esto se demostró cuando el portavoz de IU, José Navas, señaló que «el Gobierno es más retrógrado y tiene una visión más conservadora que su grupo parlamentario».

A su vez, el portavoz socialista, Antoni Costa, señaló que el Ejecutivo no dice lo mismo que su grupo parlamentario, incluso que se contradice, y acusó al Gobierno de estar metido en «un buen lío», como ponen de manifiesto las posturas encontradas del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, en contra, y del ministro de Trabajo y Asuntos sociales, Manuel Pimentel, a favor.