AgenciasMadrid19/10/99 0:00
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La juez que investiga el supuesto uso irregular de fondos reservados ha abierto procedimiento contra los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera y otros nueve imputados por el delito de malversación de caudales públicos. La magistrada adopta esta decisión en un auto en el que aprecia la existencia de un «presupuesto paralelo del Ministerio» para destinar fondos reservados a fines no específicos de estas partidas, como gratificaciones «en cuantía no desdeñable» para los propios funcionarios y cargos políticos del Ministerio del Interior. Respecto a Barrionuevo, recuerda que fue el último responsable del destino de los fondos y a quien se daba o se debía dar cuenta de su uso, así como que durante el período que ocupó la cartera de Interior se dispuso de más de 7.000 millones en concepto de fondos reservados.

Sobre Corcuera explica que dispuso de fondos a él adscritos para regalos a familiares de sus subordinados, y recuerda que durante el período que fue ministro (1988-1993) se dispuso de casi 10.000 millones de pesetas para dichas partidas. El auto dispone continuar la tramitación de la causa por el procedimiento abreviado contra once imputados respecto a los cuales ha apreciado indicios racionales de la comisión de un posible delito de malversación de caudales públicos, por el destino otorgado a los llamados fondos reservados de 1983 a 1993.

Los imputados son Barrionuevo, Corcuera, el ex secretario de Estado de la Seguridad Rafael Vera, su ex secretario personal Juan de Justo, el ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, el ex jefe del Mando Unico en la Lucha Contraterrorista Francisco Alvarez y el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán. Además, el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado, el ex gobernador civil de Vizcaya Juan Ignacio López, el ex subdirector general operativo de la Policía Agustín Linares y el abogado Jorge Argote.

La juez da un plazo de dos meses para que las partes soliciten la apertura del juicio oral y formulen escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

La magistrada relata en el auto que «funcionarios del Ministerio o de la Guardia Civil, cumpliendo órdenes superiores, trasladaban al Ministerio» cantidades «que escapaban a todo control presupuestario y de difícil seguimiento».