Los ministros de Economía y de Trabajo explicaron a sus socios parlamentarios el conjunto de medidas de carácter social que se incluirán en los Presupuestos.

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El Gobierno presentó ayer la partida del gasto social que prevé incluir en los Presupuestos del 2000, que ascenderá a 985.599 millones. En ella se incluyen dos nuevas medidas para fomentar el empleo, a las que se destinará 864.599 millones de la cifra total. Se trata de la reducción de las cotizaciones por desempleo en 0'25 puntos para los contratos indefinidos y la ampliación de la protección social para los parados de larga duración mayores de 45 años y con cargas familiares.

Los ministros de Economía, Rodrigo Rato, y de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, presentaron en el Congreso estas medidas a sus socios nacionalistas.

El paquete social que el Gobierno incluirá en los PGE del 2000 alcanzará los 985.599 millones, de los que la mayoría, 864.599 millones se destinarán a las dos nuevas disposiciones en materia de empleo detalladas por Rato y Pimentel, que suponen un incremento del 22 por ciento respecto al año anterior.

Según las explicaciones del titular de Trabajo, se trata, en primer lugar, de crear una nueva «renta activa de inserción» para el colectivo de parados mayores de 45 años con cargas familiares que no reciben ningún tipo de prestación. De esta medida se beneficiarán unas 60.000 personas, si bien esta cifra podría ampliarse hasta las 80.000. A este capítulo se destinarán fondos por valor de 50.000 millones de pesetas.

Las personas afectadas por esta medida percibirán unas 50.000 pesetas mensuales, lo que supone el 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional, durante un periodo inicial de seis meses, ampliable a otros cuatro.

En cuanto a la financiación de estas medidas, Pimentel explicó que la parte que corresponda a las políticas activas de empleo, es decir, las orientadas directamente a la búsqueda de un trabajo, correrá a cargo de las Comunidades Autónomas con competencia para ello, mientras que el Estado se encargará de la parte pasiva, o sea, de la entrega de las ayudas económicas.

PSOE e IU se mostraron críticos con estas iniciativas presentadas por el Gobierno, que calificaron de aguinaldo electoralista, no tanto por las medidas en sí, sino por la cantidades que se destinan para su puesta en marcha.