Tras la afirmación de Garzón de que el Ministerio Fiscal está
entorpeciendo la instrucción del 'caso Pinochet', y las reacciones
de las diferentes fuerzas de la oposición, Susana García, abogada
de la acusación particular, reclamó ayer al Gobierno que destituya
al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y al fiscal jefe de
la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, por haberse convertido
en «defensores activos de Pinochet».
La representante de la acusación particular solicitó al
Ejecutivo una marcha atrás «en el chanchullo político del arbitraje
amistoso» como condición imprescindible «para que el pueblo español
y el mundo, en general, crea en su talante democrático». García
aseguró también que el único gesto que podría hacer creer que el
Ejecutivo español garantiza el proceso abierto contra el ex
dictador chileno es la destitución del fiscal general del Estado y
del fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
Según la abogada, «no se puede ser fiscal y tener la misión de
garantizar los derechos constitucionales de las víctimas que van a
pedir justicia, y convertirse, de hecho, en los defensores activos
de Pinochet». Asimismo, para Susana García el verdadero motivo por
el que se están produciendo estas reacciones «desmedidas y
antidemocráticas» son los intereses económicos que unen a España
con Chile. Pero, también señaló que hay algunos valores supremos
como «que el derecho internacional avance hasta conseguir la
aplicación de la justicia universal».
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