La decisión adoptada ayer, "que según el ministro portavoz, Josep
Piqué, no tiene relación alguna con la tregua de ETA" está
orientada a que el Ministerio de Justicia estudie una posible
reforma del Código Penal en relación con los delitos de
colaboración, para introducir en su caso grados de gravedad, tras
la sentencia que consideró desproporcionada la condena de los ex
dirigentes de Herri Batasuna (HB).
El ministro portavoz del Gobierno Josep Piqué informó de esta
decisión en la rueda de prensa posterior a la reunión del
gabinete.
Añadió al respecto que la antigua Mesa Nacional de HB se
caracterizó por su «desprecio a los valores democráticos» y su
«constante apoyo a la violencia», en contra de las reglas de juego
y de la convivencia en el País Vasco y en el conjunto de España y
que los nuevos dirigentes «tampoco se han caracterizado» por su
defensa de los valores democráticos.
En su alocución inicial, Piqué explicó que, en virtud de esta
posible reforma, se podrían mantener las penas previstas para
castigar las conductas de colaboración con banda armada más graves
y «en su caso», establecer «una reducción o una atenuación de la
pena» para las de intensidad menor.
La sentencia del Tribunal Constitucional, según Piqué, deja
claro algo de lo que «los demócratas hace mucho tiempo que tenemos
la convicción: la conducta de HB es delictiva, de plena
colaboración con el terrorismo y con banda armada».
El «punto de inconstitucionalidad» advertido por el
Constitucional está en la desproporción de la pena que se aplicó,
pero los magistrados no han cuestionado el delito cometido, según
Josep Piqué, quien consideró esta resolución «un nuevo triunfo del
Estado de derecho» y en absoluto un debilitamiento de la lucha
antiterrorista, ya que reconoce que se han respetado todas las
garantías constitucionales y procesales.
El ministro portavoz recordó que la sentencia «salva
expresamente la corrección de la actuación del Tribunal Supremo»,
que «no podía hacer otra cosa que aplicar la ley, puesto que «el
juicio de inconstitucionalidad está reservado al Tribunal
Constitucional».
El portavoz recordó que, según la sentencia, las libertades de
información y expresión, ideológica y de participación en asuntos
públicos no amparan los hechos que fueron juzgados, ya que se trató
de mensajes de la organización terrorista ETA "que HB trató de
transmitir" «intimidatorios y coactivos» y, en cuanto al vídeo de
ETA, supuso amenazas «tan creíbles como graves».
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