El comisario europeo de la Competencia, Karel van Miert,
investigará seis regímenes de ayudas fiscales en el País Vasco y
uno en Navarra, partiendo del supuesto de que éstas podrían ser
«ilegales».
Si finalmente este responsable considerara que vulneran las
reglas del Tratado de la Unión, las empresas beneficiarias tendrían
que devolver todas las ayudas recibidas. El vicepresidente
económico, Rodrigo Rato, consideró que el Ejecutivo comunitario
debería haber pospuesto la decisión de llevar a cabo esta
investigación, mientras el Gobierno vasco aseguró que esta decisión
poner en peligro el concierto económico vasco y su sistema
fiscal.
La Comisión Europea recogerá información precisa sobre estos
siete casos proveniente de las autoridades españolas y de terceros
interesados, para estudiar si estas ayudas son compatibles con la
reglamentación comunitaria.
De los siete casos expedientados, tres corresponden a ayudas
fiscales bajo forma de un crédito en los impuestos del 45 por
ciento del montante total de la inversión que superan los 15
millones de euros (unos 2.500 millones de pesetas) en la provincia
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. Los otros cuatro se refieren a las
«vacaciones fiscales» a favor de las empresas de nueva creación,
que se benefician de reducciones en el pago de los impuestos
durante cuatro años.
Para el Ejecutivo comunitario, estas ayudas fiscales son «ayudas
de Estado», que deben satisfacer cuatro criterios establecidos por
el Tratado de la Unión para ser autorizadas.
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