El Consejo de Ministros aprobó ayer al anteproyecto de Ley del
Estatuto Básico de la Función Pública, con lo que se cumple con la
previsión incluida en este sentido en la Constitución y que por el
momento no había podido llevar a cabo.
Según explicó el ministro de Administraciones Públicas, Angel
Acebes, esta medida, que afectará a cerca de dos millones de
funcionarios, permitirá crear «un modelo de función pública mucho
más moderno y eficaz que unifique la necesaria homogeneidad con la
flexibilización y las capacidades de autoorganización que tienen
las distintas administraciones».
El Estatuto aprobado, que regula las relaciones laborales de los
funcionarios públicos y que debe ser aún aprobada en las Cortes,
recoge un conjunto de valores éticos del servicio público, favorece
la movilidad posibilitando un mejor aprovechamiento de los recursos
humanos, diseña una auténtica carrera administrativa para los
funcionarios y articula un nuevo sistema retributivo que mantiene
la identidad de cuantía en todas las Administraciones.
Acebes, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de
Ministros, aseguró que el Gobierno remitirá con un «espíritu
absolutamente abierto y flexible» a las Cortes Generales este
anteproyecto, si bien señaló que el texto final, aún incluyendo las
mejores y adiciones que proceda, e independientemente del tiempo de
su tramitación parlamentaria, no deberá ser «muy distinto» al
aprobado por el Gobierno.
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