Los diferentes tipos de prejubilaciones costarán este año unos
100.000 millones a las arcas de Estado, según el primer informe
sobre las situación de las prejubilaciones en España elaborado por
el Ministerio de Trabajo y presentado ayer por su titular, Manuel
Pimentel.
Esta situación, unida a las recomendaciones internacionales y
del Pacto de Toledo sobre la conveniencia de acercar la edad de
jubilación a la legal (65 años), ha llevado a los responsables de
Trabajo a hacer un claro llamamiento, por un lado, a las empresas,
«sin personalizar en ninguna», para que no abusen de las
prejubilaciones a través de los expedientes de regulación de
empleo. Y, por otro lado, apelaron a las fuerzas políticas y
sociales para abrir un amplio y profundo debate sobre las
prejubilaciones en la sociedad, de cara a la próxima renovación del
Pacto de Toledo.
«Las prejubilaciaciones fueron eficaces en su momento para
ayudar a las empresas en crisis, pero ya ha llegado el momento de
reflexionar sobre si el consenso público sobre este sistema de
salida del mercado laboral no es un mensaje perverso a la
sociedad», advirtió Pimentel.
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