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La Fiscalía de la Audiencia Nacional sólo apoyará medidas de gracia «individualizadas» para etarras si la banda terrorista abandona totalmente su actividad criminal, entrega sus armas y explosivos, devuelve el dinero que ha obtenido a través de la extorsión, e indemniza las muertes y lesiones que ha provocado, según afirma en su Memoria correspondiente al año 1998.

El documento, redactado por el fiscal jefe, Eduardo Fungairiño, señala que «la cooperación internacional y la acción policial y judicial continuadas pueden, por sí solos, reducir el fenómeno terrorista a su mínima expresión, y aun suprimirlo, sin merma ninguna de los derechos fundamentales de los detenidos y condenados».

La Memoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional entiende que si la tregua de ETA no va acompañada del abandono definitivo de la actividad terrorista «constituye un descanso o repliegue táctico para el terrorista que, repuestas las fuerzas y si no ha perdido el hábito (puede darse un «proceso de oxidación» no desdeñable) puede volver a asesinar».

Asimismo, destaca que las medidas de gracia individualizadas podrían considerarse para quienes colaboren en la terminación de las actividades terroristas, o sean acreedores, por su intachable comportamiento en la cárcel, a «un proceso de verdadera y pública reinserción».

Fungairiño expone además que el «terrorismo urbano y callejero» tiene el problema de reunir la prueba de cargo necesaria para la acusación, si los inculpados niegan su participación y no hay testigos ni huellas. Por ello, indica que «quizá la vigilancia por videocámaras o la utilización de la técnica del «agente encubierto» pueda proporcionar en el futuro elementos probatorios suficientes».