El abogado Laurence Collins, que representa al Gobierno de Chile en
el proceso que se sigue para determinar si Augusto Pinochet goza o
no de inmunidad, quiso dejar claro ayer que su función no es
defender al dictador sino la soberanía del país.
Collins explicó que el Gobierno al que representa «ha de
mantener su interés en que se mantenga la ley en Chile para que se
ejerzan los derechos y se cumplan las obligaciones en el terreno
internacional».
La presencia del Gobierno chileno en el juicio ha sido duramente
criticada por algunos grupos de izquierdas chilenos, por lo que la
cautela de Collins ha sido extrema al señalar que su objetivo «no
es ofrecer como escudo a Pinochet ni para que sea impune, ni para
que tenga inmunidad en Chile», como lo demuestra el hecho de que
«dentro del propio Gobierno existen ex exiliados y prisioneros y
víctimas del régimen que prueban que las autoridades del régimen de
Pinochet cometieron graves violaciones de los derechos
humanos».
Asímismo manifestó ante los jueces «el total compromiso del
Ejecutivo chileno en la defensa de estos derechos».
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