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La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer abrir diligencias informativas a los 16 jueces vascos que criticaron un documento del Gobierno sobre política penitenciaria y reclamaron el acercamiento de presos de ETA a Euskadi.

El vocal Emilio Olabarría, nombrado a propuesta del PNV y que ha mostrado en varias ocasiones su disconformidad con la dispersión, fue el único que discrepó «radicalmente» de esta medida, que es un paso previo al expediente disciplinario, y que fue aprobada por cuatro votos favor y uno en contra.

El portavoz del CGPJ, Benigno Varela, anunció que la Comisión decidirá en una próxima reunión, cuando haya estudiado el informe pormenorizado que ha encargado al Servicio de Inspección, si abre o no expediente. De determinarse que han cometido tal infracción, la falta sería grave, con lo que la sanción que llevaría aparejada podría ser desde multa de 50.001 pesetas a suspensión temporal.

Con esta decisión la Comisión cumplía con el mandato del Pleno del CGPJ que acordó por mayoría la remisión a este organismo del escrito de los jueces y un fiscal, quienes opinaban que era urgente que Aznar procediese a «rectificar una política penitenciaria ampliamente contestada por quienes reivindican, con absoluta legitimidad, la dignificación de la situación de los presos vascos y el acercamiento de éstos a centros penitenciarios próximos a los lugares de residencia de sus familiares».