La implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales se hizo
ayer realidad en Andalucía, mientras que el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales aclaró que el Gobierno central no tiene intención
de recurrir el decreto de la Junta andaluza.
Y es que, en la reunión de ayer del Consejo de Gobierno de dicha
Comunidad Autónoma, se aprobó el documento relativo a la reducción
de las horas de trabajo, mientras que el nuevo titular de la
cartera en el Gobierno central, Manuel Pimentel, aseguró que esta
medida incentivadora «es perfectamente legítima porque es fruto del
acuerdo entre los sindicatos y la Junta».
El modelo andaluz de reducción de la jornada está consensuado
por los sindicatos desde el primer día de este año, pero no por la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) «por entender que
no contribuye a la creación de empleo ni a la necesaria
competitividad de la economía andaluza».
Pero, la patronal andaluza no aceptó el decreto para evitar una
«presión indeseada» en la negociación de los convenios colectivos,
ya que «fomentar la conflictividad en el diálogo social podría
asustar a los inversores extranjeros».
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, aseguró
que «no hay nada ilegal ni antijurídico» en el decreto de la semana
laboral de 35 horas y lamentó que el Gobierno de la Nación vea esta
medida «de hondo calado social» como una «agresión política» del
Ejecutivo andaluz hacia la administración central.
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