El juez español Baltasar Garzón estaba ayer presente en la
audiencia que se sigue en la Cámara de los Lores para decidir si el
ex dictador chileno Augusto Pinochet goza o no de inmunidad,
mientras se está a la espera de que el Foreign Office presente un
certificado sobre la fecha concreta en la que el Reino Unido
reconoció al general como jefe de Estado.
Esta fecha es importante, ya que el argumento de la Fiscalía
gira en torno a que no se puede reconocer la inmunidad a Pinochet
como jefe de Estado porque durante un período transitorio fue jefe
de Gobierno y durante esos meses se cometieron crímenes, torturas y
secuestros.
Asimismo, la Fiscalía continúa explicando que hubo una
conspiración antes de que se cometiera el golpe de Estado, en la
que se planearon de forma estricta una serie de delitos para
exterminar a determinados grupos de personas. La Fiscalía informó
que ayer por la mañana recibió documentos desde España de la
conspiración.
El miembro de la Fiscalía y experto en Derecho Internacional,
Christopher Greenwood, centró su intervención en que «la tortura es
un crimen internacional», reconocido como tal por Chile en 1984
cuando adoptó la Convención Internacional contra las torturas.
Según Greenwood esta Convención «codifica una anterior regla que
prohibe la tortura y añade a las leyes nacionales la obligación de
los Gobiernos para que se cumplan». Así mismo, señala que los
oficiales no tienen inmunidad, lo que incluye a los jefes y ex
jefes de Estado. «La firma de la Convención incluye la obligación
de actuar», asegura.
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