El primer Consejo de Ministros del año se centró en la situación
política del País Vasco y en la crítica a Ibarretxe. El Gobierno
reprochó al nuevo lehendakari que en su primera declaración
institucional equiparase la política penitenciaria del Gobierno con
la violencia callejera auspiciada por el entorno de HB. «Es
inaceptable» dijo Piqué.
El ministro advirtió a HB, como ya hiciera Aznar hace unos días,
que el diálogo y la violencia no son compatibles. «Con dos
advertencias bastan», aseguró. «El Gobierno "dijo tajante" lo que
hace es cumplir la ley y, por lo tanto, equiparar cumplimiento de
la ley con delitos de violencia callejera es inaceptable. El
Gobierno está seguro que el Ejecutivo vasco participa de la
obligación de cumplir la ley, tanto en perseguir la violencia
callejera como a garantizar los derechos y libertades de los
vascos».
Esta era la respuesta del Gobierno al nuevo lehendakari, quien
en su primer discurso institucional indicó que condenará con la
misma fuerza la violencia callejera y la dispersión de presos
etarras. Piqué insistió una vez más en que la flexibilización de la
política penitenciaria del Gobierno está en función de los avances
que se puedan producir de un abandono definitivo de la violencia y,
en clara alusión a HB dejó claro que el Ejecutivo no se dejará
presionar por actos vandálicos. «El Gobierno desea que nadie llegue
a la conclusión de que aumentando la violencia se va a conseguir
algo. Si alguien tiene esa tentación, lo mejor es que se la quite
de la cabeza», sentenció.
Y es que para el Ejecutivo la cadencia de violencia callejera
que se ha venido produciendo en los últimos meses «no es casual»:
nueve actos violentos desde el inicio de la tregua hasta las
elecciones vascas, una treintena desde los comicios hasta la
formación de Gobierno y dos, los más graves, desde el nombramiento
del nuevo Ejecutivo. «Cada uno que saque sus conclusiones»,
indicó.
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