OTR PressBilbao17/12/98 0:00
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Lejos de acabar, la polémica sobre la retirada de escoltas a los cargos del PP no hace más que acrecentarse. Después de que el Gobierno vasco dijese que no permitirá ninguna injerencia del Ejecutivo, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, advirtió que existen unos cauces para salvaguardar la protección de los populares, que estos se utilizarán y que «no hay nada más que decir». De esta forma, Mayor hizo caso omiso a la posición del Ejecutivo vasco "que dijo respetar", manteniéndose en su decisión de salvaguardar la seguridad de los populares a través de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Asimismo, aseguró que el consejero vasco de Interior en funciones, José Manuel Martiarena, responsable último de la retirada de la protección, no se había puesto en contacto con él para transmitirle las quejas expresadas el martes por la portavoz del Ejecutivo vasco, Mari Carmen Garmendia.

Desde el Gobierno vasco, se pronunció sobre el tema el lehendakari en funciones, José Antonio Ardanza, al asegurar que la utilización por el Gobierno de las Fuerzas de Seguridad del Estado para proteger a los cargos públicos del PP «conculca» el Estado de Derecho, porque ésa es una competencia del ejecutivo autónomo.

Ardanza advirtió que el Gobierno Vasco fijó el martes «con mucha claridad nuestra posición y, amparándonos en la legalidad vigente, no estamos dispuestos a que nadie invada nuestra actuación competencial».

Pero los del PP no son los únicos que denuncian amenazas. La parlamentaria de EH Jone Gorizelaia desveló ayer que, tanto ella como el portavoz de la Mesa Nacional de HB, Arnaldo Otegi, han recibido hace unos días cartas amenazantes del líder de Alianza por la Unidad Nacional, Ricardo Sainz de Ynestrillas, «y de otros». Gorizelaia señaló que se tratan de misivas que contienen insultos y amenazas por «la actitud que estamos manteniendo en defensa del diálogo y del reconocimiento de los derechos democráticos y de los presos».