El Tribunal Supremo se ha declarado competente para la instrucción
y enjuiciamiento, si procede, del «caso Zamora», sobre el presunto
cobro de comisiones ilegales, y ha admitido a trámite la querella
que presentaron varios miembros del PSOE de Zamora contra cargos
del PP de la Diputación Provincial.
La Sala de lo Penal del Supremo adopta esta decisión en un auto
notificado hoy en el que desestima la petición del fiscal jefe
anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que suspendió la
devolución del caso al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León (TSJCL) al no hallar indicios suficientes contra el diputado y
el senador del PP supuestamente implicados en el caso, José Manuel
Peñalosa y Dionisio García Carnero, respectivamente.
En el auto, el Supremo explica que las actuaciones que le fueron
remitidas por el TSJCL ponen de manifiesto que un grupo de
diputados de la Diputación Provincial de Zamora, encabezados por
Blas Fernández Alonso, formuló querella por delitos de
prevaricación y cohecho y usurpación de funciones.
La misma iba dirigida contra Luis Cid Fontán, procurador de las
Cortes Regionales de Castilla y León, que fue presidente de la
Diputación entre 1983 y 1992, y contra otras personas, entre ellas,
Dionisio García Carnero y José Manuel Peñalosa.
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