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El Obispado de San Sebastián, a través de Cáritas, paga el viaje a familiares de presos que tienen problemas económicos para financiar las visitas a sus parientes reclusos, tanto de ETA como comunes.

Según una nota firmada por el delegado episcopal de Cáritas en Guipúzcoa, Félix Azurmendi, y el delegado episcopal de Pastoral Penitenciaria, José Gogorza, estas ayudas, que se conceden con carácter anual, están en vigor desde 1993.

«Nos parece que, como Iglesia, debemos ayudar a las familias a las que la lejanía de sus hijos presos origina elevados gastos económicos», destaca el texto, que fue publicado en uno de los boletines oficiales del Obispado de San Sebastián.

Las reacciones no se hicieron esperar. El parlamentario del PP Carlos Urquijo manifestó que la decisión del Obispado de San Sebastián de sufragar el coste de algunos viajes a los familiares de presos de ETA, supone una «nueva humillación» del prelado José María Setién hacia «las numerosas víctimas del terrorismo y sus allegados». Urquijo considera que la obligación de Setién «es estar más cerca de las víctimas que de los verdugos».

El dirigente popular indicó que Setién «se olvida de nuevo de que, además de atender a los lobos, tiene un rebaño de inocentes que pastorear» y calificó de «intolerable» el pago de viajes para visitar a presos de ETA «cuando, además de no preocuparse por la situación material de las víctimas, no les ha prestado atención espiritual ni a ellas ni a sus familiares a lo largo de tantos años de sufrimiento».

El acercamiento de los presos etarras a Euskadi parece que se ha convertido en la piedra angular del proceso de paz. El lehendakari en funciones, José Antonio Ardanza, acusó tanto al Gobierno como a EH de no tener una «excesiva voluntad» de paz y pidió a ambos un cambio de actitud. Instó al Ejecutivo a respetar los derechos de los presos y a EH a que «se mueva» y asuma que ha optado por la vía política.

INMOVILISMO
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, por su parte, rechazó las acusaciones de inmovilismo y , al tiempo que advirtió que ningún tipo de presión hará cambiar al Gobierno su política penitenciaria.