El Obispado de San Sebastián, a través de Cáritas, paga el viaje a
familiares de presos que tienen problemas económicos para financiar
las visitas a sus parientes reclusos, tanto de ETA como comunes.
Según una nota firmada por el delegado episcopal de Cáritas en
Guipúzcoa, Félix Azurmendi, y el delegado episcopal de Pastoral
Penitenciaria, José Gogorza, estas ayudas, que se conceden con
carácter anual, están en vigor desde 1993.
«Nos parece que, como Iglesia, debemos ayudar a las familias a
las que la lejanía de sus hijos presos origina elevados gastos
económicos», destaca el texto, que fue publicado en uno de los
boletines oficiales del Obispado de San Sebastián.
Las reacciones no se hicieron esperar. El parlamentario del PP
Carlos Urquijo manifestó que la decisión del Obispado de San
Sebastián de sufragar el coste de algunos viajes a los familiares
de presos de ETA, supone una «nueva humillación» del prelado José
María Setién hacia «las numerosas víctimas del terrorismo y sus
allegados». Urquijo considera que la obligación de Setién «es estar
más cerca de las víctimas que de los verdugos».
El dirigente popular indicó que Setién «se olvida de nuevo de
que, además de atender a los lobos, tiene un rebaño de inocentes
que pastorear» y calificó de «intolerable» el pago de viajes para
visitar a presos de ETA «cuando, además de no preocuparse por la
situación material de las víctimas, no les ha prestado atención
espiritual ni a ellas ni a sus familiares a lo largo de tantos años
de sufrimiento».
El acercamiento de los presos etarras a Euskadi parece que se ha
convertido en la piedra angular del proceso de paz. El lehendakari
en funciones, José Antonio Ardanza, acusó tanto al Gobierno como a
EH de no tener una «excesiva voluntad» de paz y pidió a ambos un
cambio de actitud. Instó al Ejecutivo a respetar los derechos de
los presos y a EH a que «se mueva» y asuma que ha optado por la vía
política.
INMOVILISMO
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, por su parte, rechazó
las acusaciones de inmovilismo y , al tiempo que advirtió que
ningún tipo de presión hará cambiar al Gobierno su política
penitenciaria.
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