La Federación Hotelera exige el desalojo «inmediato» del apartahotel de Cala Bona

Así lo ha transmitido la vicepresidenta ejecutiva de la patronal, María José Aguiló, en la reunión que la nueva junta directiva liderada por Javier Vich ha tenido con la presidenta balear, Marga Prohens, en el Consolat de Mar. En declaraciones posteriores a los medios, Aguiló ha señalado que «es un tema que genera máxima preocupación».

Así, ha resaltado que la problemática de la okupación «responde a las dificultades que tenemos con las leyes que hay en este país sobre la protección de los propietarios de la vivienda», por lo que ha reclamado «un marco regulatorio que no dé legitimidad al que está teniendo una conducta delictiva -ya que se trata de un allanamiento de una propiedad privada- sino que refuerce y legitime a los propietarios». La vicepresidenta de la FEHM ha insistido en que existe el «agravante añadido» de los puestos de trabajo en riesgo de este establecimiento, que debería iniciar en unos meses la temporada.

A pesar de que se trata de un establecimiento no asociado a la federación, Aguiló ha expresado todo el apoyo de la patronal a la propiedad ante esta «situación de indefensión». Especialmente ante la posibilidad de que este tipo de prácticas se pueda extender a otros establecimientos si las autoridades no reaccionan con celeridad. «La administración ya cuenta con unos mecanismos concretos para dar ayuda y apoyo a las personas que tienen necesidades; lo que no se puede consentir de ninguna manera es que haya esta violación de la propiedad privada».

PIMEM denuncia a las mafias

Por su parte, desde la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa (PIMEM), ha compartido su preocupación por la existencia de lo que constatan un nuevo modus operandi de estos grupos delictivos, en el cual «las infraestructuras empresariales de todo tipo pueden ser objetivo de las mafias». En especial, subraya, alojamientos y locales de oferta complementaria que permanecen cerrados y sin actividad durante la temporada baja.

«El impacto que puede generar la ocupación tanto de alojamientos turísticos, locales, naves industriales o fincas agrícolas en desuso o paralizadas por reformas o por estar en temporada baja debe ser tenida muy en cuenta por las diferentes administraciones», indican desde la patronal que preside Jordi Mora, quien subraya que se trata de algo «más peligroso de lo que en estos momentos podemos imaginar».

Así, coincide con Aguiló al referirse al problema de «inseguridad jurídica» que se ha estado registrando en el ámbito de la vivienda y que «ahora se traslada a las infraestructuras económicas». Las consecuencias pueden ser dramáticas en función de la situación del establecimiento okupado, asevera. «Un autónomo queda arruinado de inmediato». Mora ha reclamado, por tanto, un reordenamiento jurídico y legislativo que «no dé opciones a la okupación y amedrente a los okupas y a los grupos organizados».