La Audiencia anula una sentencia por maltrato por «graves irregularidades»

El caso se tramitó durante el año pasado y tras la sentencia condenatoria, que además incluía la inhabilitación de sufragio pasivo, la prohibición de acercarse a la víctima y una indemnización de 17.739 euros por las lesiones y secuelas, fue recurrido por el abogado defensor, que consideró que se habían vulnerado los derechos más elementales de su patrocinado.

De esta manera, la apelación llegó a la Sección Segunda de la Audiencia de Palma y el tribunal formado por los magistrados Javier Burgos, Samantha Romero y Mónica de la Serna examinó la sentencia de la jueza de Eivissa y las anomalías procesales denunciadas por la defensa del condenado.

Una vez concluidas las diligencias, el tribunal ha determinado que «podemos concluir que pocas veces hemos visto en un procedimiento tantas infracciones legales y vulneraciones del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva» y añade que: «La magistrada, por iniciativa propia, dejó sin efecto la declaración del testigo propuesto por la defensa, recusándole por interés directo del pleito».

El condenado, a través de su letrado, siempre sostuvo que no había tenido posibilidad de defenderse de forma legal en el proceso iniciado contra él y que no fue informado de las novedades que se iban produciendo. De hecho, llegó a denunciar que no estuvo formalmente personado en el procedimiento contra él, algo del todo insólito.

En este sentido, la Audiencia palmesana lamenta que ««no se analizan los medios de prueba practicados en el juicio. Ni se explica los motivos por los que se otorga eficacia reconstructiva a unos medios de prueba, y a otros no».

«Tampoco hay juicio de autoría, tipicidad o punibilidad. No hay una mínima explicación de la subsunción realizada, o de las razones para imponer las penas elegidas», añaden.

La Sección Segunda aborda los argumentos esgrimidos por la jueza en su sentencia «tras transcribir 20 folios de una publicación sobre la nulidad en un país extranjero, creemos que Chile, concluye que ningún derecho se ha vulnerado». Este detalle ha llamado poderosamente la atención, ya que la legislación de aquel país no se puede aplicar en España.