Imagen de una vivienda en una zona de costa. | R.L.

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El decreto de simplificación administrativa cambia la ley del suelo rústico y recupera el espíritu del texto original, aprobado en 1997, con Jaume Matas como president, para abrir la posibilidad de que el suelo rústico acoja todo tipo de instalaciones «que contribuyan a la ordenación o al desarrollo rurales o resulten de ubicación necesaria o conveniente en suelo rústico». El Govern modifica la redacción vigente hasta ahora, más restrictiva, y deja a la discrecionalidad de las autoridades de los consells la decisión de que una actividad cualquiera, que en principio no podría construirse allí, pueda hacerlo.

El nuevo artículo incorporado en el decreto ley precisa que se entienda por desarrollo rural «el conjunto de políticas públicas» dirigidas a ampliar la base económica del medio rural, a través de la preservación de actividades «competitivas y multifuncionales» y diversificando la economía «con la incorporación de nuevas actividades compatibles con un desarrollo sostenible».

«Esto es barra libre para construir todo lo que se quiera en rústico sin limitaciones», alerta la diputada del PSIB Mercedes Garrido. «El desarrollo social y económico de las zonas rurales no se opone a una gestión sostenible del medio ni del paisaje», señalan desde el Govern. Fuentes del Ejecutivo precisan que toda nueva actividad en rústico tendrá que se compatible con las limitaciones que se fijen según el grado de la zona. La realidad es que la norma facilitará la instalación de cualquier actividad o equipamiento en este tipo de suelo ya que el texto aprobado elimina limitaciones que estaban en vigor hasta ahora.

Lo que hace el Govern con esta redacción es volver, casi en su totalidad, al texto original de la Ley de Suelo Rústico aprobada en 1997, modificada con posterioridad para hacerla más restrictiva. Entonces se decía que la declaración de interés general podrá otorgarse a todas aquellas actividades que    trasciendan «los meros intereses individuales»  y resulten de ubicación «necesaria» en rústico. El nuevo texto, además de eliminar la referencia a la necesidad de trascender los intereses individuales, permitirá las actividades, que sean no solo necesarias, sino que además sean «convenientes».

El decreto también cambia el órgano que decidirá si se concede una declaración de interés general;ya no será la Comissió Insular d’Urbanisme, sino que será «el órgano de cada Consell que tenga atribuida esta función». El Govern defiende esta medida y señala que son muchos los puntos de conexión entre una gestión del paisaje y permitir que además haya actividad económica. Señala que la mejora «sostenible» de las condiciones socioeconómicas de una zona tienen que revertir en una «mejor preservación de los valores naturales».

Lo que supone esta modificación es que, en la práctica «el órgano de cada Consell que tiene atribuida esta función» decidirá si se instalan equipamientos agrícolas, nuevos almacenes agrarios, pero también actividades múltiples como agroturismo, campos de fútbol, equipamientos deportivos, restaurantes y hasta campos de polo, por poner un ejemplo que ahora está en cuestion.

Este cambio de normativa en suelo rústico es uno del los más importantes del decreto en materia de urbanismo, junto con la posibilidad de ampliar las viviendas en suelo rústico de 900 metros cúbicos a 1.500 metros, lo que supone pasar de un máximo de 300 metros cuadrados a un máximo de unos 500 metros. Los consells podrán decidir después de mantienen estas limitaciones o las amplían.,

El Govern también abre la puerta en este decreto a que se pueda construir en áreas de prevención de riesgos, pero desde el Govern precisan que básicamente afecta a zonas con riesgo de erosión, que representa el 80 % del territorio e inciden que previamente se necesitarán todos los informes técnicos que acrediten estos permisos. La norma aprobada incluye otras disposiciones que ha criticado la oposición, como la posibilidad de urbanizar el Parc BIT para que tenga viviendas o las posibilidad de ampliar el número de chiringuitos.

La norma cambia la ley del Consell Consultiu para que no emita según qué informes que ahora son obligatorios y reduce las posibilidades de que las entidades presenten alegaciones a las leyes que no son de su competencia. La ley incluye la legalización de edificaciones ilegales en suelo rústico, con el pago de una sanción a los ayuntamientos, pero este proceso se amplía también a equipamientos agrarios fuera de ordenación, que también podrán legalizarse por esta vía, según recoge el decreto de simplificación administrativa.