La exconsellera insular Pilar Bonet, investigada por desfalco, se niega a declarar ante el juez

En su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Palma se acogió a su derecho a no declarar. Su intervención se limitó a una breve exposición inicial en la que sostenía ser víctima de una persecución y afirmaba que se habían revelado datos personales suyos en diferentes informaciones de las que manifestó sentirse una víctima.

La defensa de la exconsellera d’Hisenda del Consell, ejercida por el abogado Antonio Martínez, ha aportado al juzgado una serie de documentación médica para acreditar que la investigada tiene una serie de trastornos que podrían atenuar o limitar una hipotética responsabilidad penal por la actuación que se investiga en el juzgado.

Además de Bonet, el juzgado había citado a declarar a la otra investigada en la trama: una familiar directa de la política. Esta persona, que también había trabajado para la misma empresa y que fue despedida. Esta persona sí respondió a todas las preguntas que le fueron formuladas por la acusación, el magistrado y la defensa y lo hizo para negar cualquier conocimiento de un posible desfalco cometido por Bonet y para justificar su trabajo para la empresa que le despidió. También vinculó esa circunstancia a los problemas de la expolítica y a una supuesta persecución.

Bonet fue obligada a dimitir de sus cargos políticos el pasado mes de febrero después de que la empresa descubriera un descuadre de 2,7 millones en las cuentas de su división de handling. La sospecha, concretada en una querella, sostiene que, de forma sistemática durante años, la entonces trabajadora en las cuentas, puso en marcha un sistema de doble facturación que le permitió, poco a poco, desviar una cantidad millonaria. La auditoría de las cuentas no está cerrada aún por completo y la cantidad que se investiga en el juzgado podría incrementarse en las próximas semanas.

La querella sitúa el inicio de los delitos en el año 2011, que es la fecha hasta donde se habían remontado inicialmente los auditores. La investigada había desarrollado su trabajo en Globalia a lo largo de más de 25 años y, con su paso a la política, primero en el Ajuntament de Llucmajor y más tarde en el Consell Insular, se terminó por descubrir el descuadre. La defensa de Bonet ha manifestado en la causa que la investigación ha tenido un elevado coste para su salud ante la exposición pública que ha provocado. La investigación queda pendiente de varios informes sobre las cuentas.