Defensa

Miguel Ramys d'Ayreflor y Jorge Sainz de Baranda. El primero se ha ocupado del recurso en el contencioso y el segundo es el abogado general de Kühn.

Víctor MalagónPalma10/03/24 0:30Actualizado a las 11:55
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Jorge Sainz de Baranda y Miguel Ramis d’Ayreflor, son los abogados que se han ocupado, respectivamente del concurso de las empresas de Kühn y del contencioso administrativo que ha terminado en la condena firme al Govern a pagar 96 millones de euros por la desclasificación de Muleta II.

Con 96 millones por recibir, ¿cómo queda la situación económica de Kühn?
Sainz de Baranda: A fecha de hoy, con esta entrada, se podrá pagar a todos los acreedores y rehabilitar la sociedad. Vuelves a la vida. Después de que en 2016 este activo volviera a tener problemas, fuimos aguantando. Esta situación se juntó con que Sa Nostra empezó a traspasar a Sareb los activos y hay un momento en que no puede aguantar más y tuvo que hacerse lo que correspondía: pedir el concurso, también con vistas a ganar tiempo mientras se tramitaba la reclamación judicial. Se han liberados muchas deudas y se iba saliendo, pero quedaba un remantente muy difícil de afrontar. (Unos cuatro millones)

¿Volverá Kühn a la carga?
Sainz de Baranda: Esa cuestión es suya. Matthias es unas personas emprendedora, es un luchador y tiene dos hijos que ya se dedican a emprender. Seguirá en el mundo de los negocios. Hace años que no vive aquí, pero seguirán haciendo proyectos.

¿Cuál fue el momento clave para acabar con una indemnización así?
Ramis d’Ayreflor: Se debió a la estrategia del último gobierno de progreso. El momento decisivo es 2017, cuando se cargan de forma definitiva la urbanización con un cambio de normativa. Si no se hubiera retocado la situación anterior, se hubieran construido los chalés, eso es cierto.

¿Y el pacto de 2013 en el que el Govern reconoce que se trata de suelo urbano?
Ramis d’Ayreflor: No fue un pacto en una reunión. Fue un procedimiento muy judicializado en el que se reconocía que era suelo urbano porque una disposición legal así lo establecía y así lo dictaminó un perito judicial. Fue una cosa superjudicializada con peritos independientes, ni reuniones ni historias.

¿Qué influencia tuvo la desclasificación en la insolvencia del grupo?
Sainz de Baranda: Fue una parte muy importante porque con ese activo se estaban garantizando otras actuaciones y porque iba a generar un rendimiento muy alto. La indemnización lo que hace es compensar las pérdidas que Kühn ha tenido. El problema es el contagio. En el momento en que uno te falla, vas tirando de la liquidez de los otros y entras en una rueda muy complicada. Las administraciones nunca se lo han puesto muy fácil. Eso lo he vivido. No era un activo complejo. Aquí se compró suelo urbano consolidado, no se compró un rústico. Fue la otra parte la que te lo quitó.

¿Por qué apenas ha podido discutir el Govenr la cuantía?
Ramys d’Ayreflor: Lo que se plantea por la promotora fue un incidente de imposiblidad de ejecución. Se había dicho que era suelo urbano. Cuando se verifica la desclasificación se presenta la demanda. La acompañaos en ese momento de una pericial en la que había una valoración. La comunidad podría haber planteado otra valoración económica pero no lo hizo. Fue el Govern el que no discutió en ese momento y por eso ha quedado esa cuantía. El boom de la demanda es lo que ha tirado para arriba la tasación.

¿Habrá otros casos como el de Muleta?
Ramis de Ayreflor: Yo creo que sí. En Balears somos los reyes de las desclasificaciones desde hace treinta años. Hemos desclasificado más que nadie. ¿Qué diferencia hay? Tanto Cañellas como Matas, cuando desclasificaron en el año 91 y en el 99 lo hicieron con suelo urbanizable pero no ejecutado. Eso sí ocurrió en la normativa de 2008. El promotor adquiere derecho a la indemnización a medida que va avanzando las obras. En el caso de Muleta, los servicios estaban todos, el informe de recepción del Ajuntament de Sóller decía que solo faltaba una tubería. Ocurre que cae la moratoria que hizo el Consell por el Plan Territorial.

Llama la atención que en nueve años se aprobaran tres normativas urbanísticas diferentes.
Ramis d’Ayreflor: Es uno de los elementos que subyace leyendo entre líneas en la sentencia del Supremo. Esto es el baile de la yenka: izquierda, derecha, adelante y atrás. El recursos del Govern planteaba ignorar la historia de los últimos quince años y planteaba que había que volver al principio de todo el procedimiento con una nueva demanda por responsabilidad patrimonial. Un escenario de nueve o diez años otra vez de pleito. Pretendía ignorar toda la vida judicial de esta finca.

¿Y la actuación del Ajuntament de Sóller?
Ramis d’Ayreflor: Cuando presentamos los documentos para la incorporación al plan general en 2014, lo que pretende Sóller es ganar tiempo y no contesta a nada. Esperarmos un tiempo prudencial y luego, lo que digan los jueces y presentamos un contencioso que cayó por el cambio legal de 2017.