La querella acusa a Pilar Bonet de cinco delitos y fija el desfalco en 2,7 millones

Las fuentes consultadas han indicado que la querella se ha demorado porque el arqueo de las cuentas presuntamente saqueadas «era complejo», ya que el desvío de determinadas cantidades de dinero se inició muchos años atrás. De hecho, en la querella se explica que se ha podido rastrear la malversación desde el año 2011, pero al parecer hay serios indicios de que comenzó mucho antes. Sin embargo, los protocolos bancarios complican el seguimiento más allá de esa fecha, lo que no implica que si finalmente pueden adjuntarse nuevos informes de la auditoría se haga a posteriori.

Igualmente, en la querella se cuantifica el supuesto desfalco en 2,7 millones de euros, pero se especifica que la cantidad puede ser muy superior en función de cómo avances la investigación bancaria. Globalia, la empresa para la que Pilar Bonet trabajó durante más de 25 años, tiene su sede en Llucmajor, por lo que será la Guardia Civil la encargada de elaborar un informe sobre las presuntas actividades ilícitas de la exconsellera de Funció Pública del Consell de Mallorca.

En un primer momento se valoró la posibilidad de que fuera el Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional el que instruyera la causa, pero parece que no será así. Bonet también fue concejala de Funció Pública en el Ajuntament de Llucmajor, antes de ser fichada por Llorenç Galmés.

El pasado día 10 Ultima Hora desveló en exclusiva que el Consell había obligado a dimitir a Pilar Bonet tras ser informado de las gravísimas acusaciones que pesaban sobre ella. Fue el propio Galmés, tras un pleno, el que le comunicó en su despacho que había perdido la confianza en ella por las informaciones que le habían llegado. La propia política aceptó dimitir «por cuestiones personales» y ese mismo día firmó su finiquito en el Consell.

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Ahora, una vez que se ha presentado la querella contra ella, con toda seguridad será citada a declarar en sede judicial, acompañada de su abogado Antonio Martínez, que ha advertido que debe respetarse el derecho a la presunción de inocencia. «No es cierto, como se ha publicado en diferentes medios, que la señora Bonet haya cometido delito alguno», indicó el abogado, alertando de la interposición de querellas para los que afirmen lo contrario.

«El impacto mediático de estos datos, que son falsos y sesgados o deformados, calculadamente filtrados, ha generado un ingente daño a la salud, honor, dignidad, imagen e intimidad de la señora Bonet y su familia. La calculada y contumaz aniquilación de su reputación ha creado una posverdad y prejuicio de culpabilidad tan potente que ha hecho quebrar su salud, causando su baja médica/laboral con necesidad de tratamiento», añadió.

En este sentido, Martínez calificó de «absolutamente kafkiana» la situación de la expolítica: «Por un lado desconoce las acusaciones contra ella, pero por otro se le ha obligado a dimitir forzosamente de su cargo público sin habérsele dado dato concreto alguno que lo justifique, por lo que le es materialmente imposible defenderse». Martínez ha insistido que no existe, de momento, una investigación policial o judicial, «y se publican infinidad de supuestos datos reservados».

«Así, con una calculada denuncia mediática se estarían instrumentalizando medios en una suerte de ‘justicia privada’ paralela, ejercida sin el previo e imparcial control del juez legal».
Ahora, una vez presentada la querella con Bonet, la defensa podrá conocer los detalles de las imputaciones.