La investigación judicial se inició tras el arresto del policía el pasado mes de noviembre.

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Sin responsabilidad penal. El juez de instrucción encargado de la causa contra el agente de la Policía Local de Palma que fue detenido por alquilar infraviviendas ha archivado la causa principal contra el agente y otras dos investigaciones penales paralelas iniciadas por hechos similares. En el auto se descarta que la conducta que se atribuía a imputado tenga cabida en delitos de estafa, contra la integridad moral o de favorecimiento de la inmigración ilegal. Estos ilícitos fueron los que provocaron su arresto por parte de la Policía Nacional el pasado mes de noviembre.

La resolución judicial, dictada el pasado día 16 sigue a una petición de archivo formulada por la defensa del agente, que ejerce la abogada Alicia Bou. La Fiscalía, única acusación personada en la causa, respaldó en un informe la petición al considerar que no existen indicios ni encaje jurídico para continuar las actuaciones. Tras el informe del fiscal, el juez acordó el archivo provisional de las actuaciones.

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El cierre de la investigación penal no cierra el asunto. En paralelo, la administración autonómica le ha impuesto una sanción que supera los dos millones de euros por un total de 64 infracciones muy graves en materia de vivienda. Por cada una de ellas se le ha impuesto la mayor multa posible: 30.000 euros. Todas ellas serán recurridas ante los tribunales.

La siguiente derivada judicial en torno a estos locales y viviendas será qué ocurre con los inquilinos. Ante la resolución administrativa se instarán en los juzgados de Primera Instancia procedimientos de desahucio contra los ocupantes.