La familia afectada, una madre junto a sus hijos, en el piso que actualmente ocupan ilegalmente.

La familia afectada, una madre junto a sus hijos, en el piso que actualmente ocupan ilegalmente. | Pilar Pellicer

Angie RamónPalma18/02/24 0:30
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N. es una madre de origen marroquí que entró, junto a sus cuatro hijos, en un piso de Son Gotleu en marzo de 2021. Hace más de ocho años que viven en Mallorca, pero hasta ese momento convivían en el hogar de su cuñado. El supuesto propietario del inmueble arrendado le pidió a la familia 2.000 euros de fianza. Luego, el importe mensual se quedaría en 400 euros.

Sin embargo, N. relata que «no volvimos a saber nada más de ese hombre. Nos tenía que haber pasado la cuenta bancaria para hacer el ingreso mensual, pero no volvió a aparecer». Así, dice que no podían ingresar el dinero porque desconocían su teléfono y el nombre de ese supuesto propietario. Al cabo de un año, recibieron una notificación del juzgado. Ahí descubrieron que habían sido estafados en el alquiler y que el inmueble pertenecía en realidad a un fondo buitre.

El piso de la plaza Joan Alsina es propiedad de Divarian, una sociedad surgida tras la adquisición de pisos de un conocido banco. Actualmente, dicha entidad bancaria es socia del 20 % de Divarian y el fondo de inversión Cerberus, del 80 % desde 2018. «El error fue que no firmamos nada, todo se hizo sin documento y hemos perdido esos dos mil euros», lamenta esta madre.

Desde el año 2023, están negociando la compraventa del piso para evitar el desalojo. En todo este tiempo, la familia ha tenido tres intentos de desahucios pero todos ellos acabaron suspendiéndose. Ahora, a la espera de nueva fecha de lanzamiento, han cerrado un supuesto acuerdo de 48.000 euros por la vivienda. La mujer, N., asegura que ha pagado el contrato de arras (4.800 euros) pero desde la plataforma Stop Desnonaments Mallorca dicen que les ha «coaccionado»: «Esta familia ha recibido cuatro ofertas de compra, pero cuando N. firmó un primer acuerdo, después no le pasaban el contrato de arras. El precio inicial era de 32.000 euros, luego 40.000 euros y ahora, 48.000 euros. Esto es un abuso», señalan desde la entidad, que ha pedido, por correo a Divarian que replanteen la oferta inicial y se vuelva a negociar.

N. trabaja en el sector de la limpieza. En todo este tiempo, ha tenido ingresos suficiente para mantenerse. Reconoce que «lo he pasado muy mal. He tenido tres intentos de desahucio. He buscado más pisos pero todos estaban por encima de los 700 euros. Me quedé en esta vivienda de Son Gotleu porque el alquiler que me vendieron era de 400 euros, que es lo que me puedo permitir. No tenemos otro lugar a donde ir».

Ayuda comunitaria

Los más allegados de la comunidad marroquí han ayudado a N. a sumar los 48.000 euros que necesita para comprar el piso de Joan Alsina. Además, cuenta con el apoyo de los vecinos de la finca, quienes, según N., conocen de cerca su caso de estafa. «He estado luchando todos estos meses para que negocien conmigo el precio, que en un principio era de 32.000 euros. A pesar de que la empresa –Divarian– sabe que todo es culpa del estafador, solo quieren echarnos. Esperemos tener pronto una solución».