Cabe recordar que el cambio normativo llega acompañado de polémica, ya que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular habían pedido una moratoria o la anulación de la obligación de cotizar para los alumnos con formaciones prácticas. El problema radica en que, aunque la Seguridad Social bonificará el 95 % del coste de las cotizaciones, el restante 5 % corresponde al Ministerio de Educación. De ahí que repercuta en las comunidades autónomas que, como Baleares, tienen transferida esta competencia.
Según las estimaciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social 458.959 estudiantes de Formación Profesional en prácticas comenzarán a cotizar en 2024 a la Seguridad Social sumándose a los más de 500.000 estudiantes universitarios que ya están cotizando.
En Baleares la Conselleria d’Educació prevé que la medida tenga un coste para las arcas de la Comunidad Autónoma de entre 1 millón y 1 millón y medio de euros este año. «Atención, esto no es solo el coste de la cotización, también incluye una previsión de los costes sociales y de gestión que implica esta nueva medida», dicen las mismas fuentes.
Las estimaciones incluyen lo que queda del curso 2023-2024 y también el primer trimestre del próximo curso cuando se prevé un aumento del número de alumnos con la nueva ley de Formación profesional. A partir de septiembre los alumnos de FP harán prácticas desde primero. Educació confirma entre 7.000 y 8.000 beneficiarios de la medida en el presente curso escolar.
La secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, se reunió a finales de año con los directores generales de Formación Profesional de las comunidades autónomas y los directores provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para aclarar las dudas generadas sobre la gestión del alta en la Seguridad Social del alumnado de FP durante sus prácticas en la empresa.
Para que los estudiantescoticen a la Seguridad Social se tendrá que tramitar un alta y una baja por estudiante, indicando el número de días al mes que desarrolle su formación en la empresa. El alta podrá efectuarse hasta diez días después del inicio de las prácticas. La liquidación tendrá carácter trimestral y la llevará a cabo cada administración autonómica.
La medida se enmarca dentro del proceso de modernización y mejora de la calidad de la Formación Profesional impulsado por el Gobierno de España hace cinco años, que ha logrado aumentar el alumnado en más de un 35% durante este periodo hasta superar el millón de estudiantes en todo el territorio nacional. Con el cambio normativo los jóvenes adelantan su carrera de cotización lo que repercutirá en sus futuras pensiones.
4 comentarios
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Ustedes empresarios no son capaces de hacerse cargo de la seguridad social y de pagar a esta gente joven un pequeño sueldo aunque sea simbolico cada mes? Luego se quejan de que no hay trabajadores cualificados o que todos quieren ser funcionarios. Arrimen un poco el hombro por favor!!!
El Profe IchigoEl único objetivo es maquillar las cifras de paro juvenil y para ello nos costará un dinero que no tenemos.
El Profe IchigoYo lo veo fatal, están estudiando ya se lo estamos pagando entre todos.
Veremos como sale y queda esto. No es tan sencillo como parece, debido a la cantidad de variables que hay (alumnos menores de edad, familias inmigrantes, empresas que no quieren saber nada de pagar, personas de la Conselleria que realizarán el trámite...). Ya que los alumnos no cobran, salvo algunas empresas que sí les pagan, veo bien que por lo menos coticen.