La entidad ha remitido un escrito con esta petición al Parlament, según ha informado este lunes en un comunicado en el que denuncia que la norma «en absoluto atiende a la problemática social de la vivienda sino que está única y claramente enfocada al lucro, la generación de plusvalías y la especulación»
El GOB -que ya trató de frenar la aplicación del decreto instando a los ayuntamientos a dejar sin efectos determinados apartados-, censura que la norma pretenda solucionar «vía cantidad y mercado» un problema «estructural», «fuertemente marcado por los procesos especulativos».
«Porque casas las hay, y muchas vacías, y muchas dedicadas a usos -como el turístico- que no le son propios, y porque el problema no es la disponibilidad de vivienda, sino la especulación y los usos que hacen que los precios sean inasequibles actualmente para cada vez más gente», han argumentado.
Según el GOB, las medidas incluidas «inducen a un crecimiento desordenado e incontrolado», superior al previsto en los planeamientos urbanísticos, sin evaluar «las consecuencias que se pueden derivar». Han censurado también que la tramitación como proyecto de ley tras aprobarse como decreto omite los procesos de participación y consulta, sin los requisitos que se exige a los planes urbanísticos.
Los ecologistas han avisado de que el resultado de algunas medidas, como la reconversión y cambios de uso a residencial, puede tener como resultado «pisos patera en antiguos hoteles obsoletos, en lugares saturados y degradados que fueron pensados como ciudades monofuncionales turísticas».
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