Ramón García es el presidente del Colegio de Veterinarios de Baleares. | COVIB

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Ramón García, presidente del Colegio de Veterinarios de Baleares, habla sobre el déficit de profesionales en las plantillas de los ayuntamientos de las Islas. Actualmente el de Palma es el único ayuntamiento de Mallorca que mantiene la figura del veterinario municipal a pesar de que los últimos recuentos oficiales confirman que las Islas tiene más mascotas que niños en los hogares habitados. La entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal urge a revisar un modelo incapaz de afrontar los problemas de convivencia de animales y personas y sus consecuencias sanitarias. La responsabilidad no es exclusiva de los propietarios de mascotas. Los ayuntamientos tienen ahora la obligación de identificar con un microchip, castrar, vacunar y mantener a todos los gatos callejeros. Están completamente desbordados.

El Colegio de Veterinarios ultima la presentación de un proyecto a los alcaldes y alcaldesas de Baleares para recuperar una figura, la del veterinario municipal, que se extinguió a principios de los noventa. «Es una figura que reivindicamos, no solo para la aplicación de la nueva ley. Entendemos que además del control de animales hay otras funciones que se tienen que hacer por parte de veterinarios como el control de los mercados de abastos. Generalmente los ayuntamientos tienen técnicos de Medio Ambiente que se encargan de temas relacionados con sanidad animal o control animal. Pueden acceder a esas plazas biólogos, agrónomos, ambientalistas… pero nunca se ha planteado que lo haga un veterinario municipal», explica García.

Opina que «en cuestión de convivencia de animales y personas el personal más capacitado es el veterinario». «Partiendo de esa base tenemos la intención de presentar a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) un proyecto de porqué entendemos que es necesario hacer esto. Somos muy conscientes de que los ayuntamientos tienen los recursos que tienen, pero hay ayuntamientos grandes como Calvià con capacidad económica suficiente que tuvieron puntualmente una veterinaria municipal pero no la han mantenido».

El presidente del Colegio de Veterinarios explica que «hasta el año 1991 existía la figura del sanitario local en todos los pueblos. Había un médico, un enfermero y un veterinario que cobraban a través del ayuntamiento, aunque era el Ministerio quien aportaba el dinero. En 1992 pasan a depender de la comunidad autónoma y esa figura desaparece aunque las competencias de los ayuntamientos continúan allí. De hecho la Ley de Protección del año 92 y la nueva ley están hechas pensando claramente en las competencias municipales».

Los ayuntamientos tienen nuevas obligaciones pero no medios para hacerse cargo. La mayoría (con la excepción de Palma) gestionaba hasta ahora la recogida de animales abandonados y las colonias felinas a través de acuerdos puntuales con veterinarios o bien con empresas privadas, principalmente Natura Parc. «Tienen la capacidad que tienen y llegan a donde pueden llegar. Otras decisiones quedan al aire o se trasladan a la comunidad autónoma de manera que es la pescadilla que se muerde la cola. La nueva Ley de Bienestar pone sobre la mesa más obligaciones y deja a los ayuntamientos en una situación muy complicada. Desde el colegio estamos dispuestos a colaborar y llegar a acuerdos pero no podemos asumir costes que no nos corresponden. Es una problemática que hemos de intentar afrontar entre todos», dice Ramon García.

«En Baleares tenemos más mascotas que niños en hogares habitados y hay un exceso de población felina descontrolada. Es bueno que la nueva ley obligue a todos los particulares a identificar y castrar, otra cosa es el grado de cumplimiento de la norma. El objetivo de las colonias de gatos es realmente desaparecer. Si todos los animales están castrados debería ser así pero es evidente que actualmente no se da cobertura a toda la población de gatos y sin una gestión adecuada fomentamos y favorecemos que cada vez haya más animales en el medio», reflexiona el presidente del Colegio de Veterinarios. Explica que eso supone «un problema para la biodiversidad, pero también para la salud pública. Hay molestias y accidentes, es un tema complicado. Encontramos personas defensoras de la castración y otras que están totalmente en contra. Eso genera un conflicto social. Es necesario poner las cosas sobre la mesa y quien alimenta de forma no autorizada a los gatos en la calle tiene que ser sancionado porque perjudica a la comunidad y a los propios animales», dice García.

El presidente de los veterinarios de Baleres opina que la actividad de control y sanción es especialmente complicada en los municipios más pequeños donde todo el mundo se conoce. «Las perreras son un problema para muchos ayuntamientos y con la ley como estaba hasta ahora tenías la capacidad de eutanasiar y eso no es plato de buen gusto. Ahora queda prohibido por la nueva Ley sacrificar animales sanos y eso está dando la falsa idea de que la eutanasia era hasta ahora indiscriminada cuando desde el punto de vista veterinario no es así. En Son Reus por ejemplo, están prácticamente en cifras de sacrificio cero».

Aunque los expertos hablan de una sobrepoblación de gatos callejeros en Baleares no existe aún un censo real. «Sabemos que hay una sobrepoblación de felinos desatendidos pero hasta ahora no era obligatoria la identificación de los gatos. Ahora que los particulares tienen la obligación de identificar a sus gatos y los ayuntamientos a los gatos callejeros, en teoría tendremos una idea más aproximada de lo que hay. La realidad por desgracia es que, aunque la idendificación de los perros es obligatoria desde hace años, hay porcentajes muy altos de incumplimiento», dice el presidente de los veterinarios.