El modelo Barnahus para víctimas de abusos sexuales, más cerca

El modelo nórdico Barnahaus («casa de los niños» en islandés) propone un atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan bajo un mismo techo para evitar la victimización secundaria. Permite realizar la grabación del testimonio de la víctima en un entorno amigable, con la tecnología adecuada y profesionales especializados, para que la víctima no tenga que repetir su declaración en varias ocasiones. Tarragona fue, en 2020, la primera localidad española en aplicar este proyecto que cuenta con el apoyo de la Unión Europea y el Consejo Europea en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El equipo de gobierno progresista del Consell de Mallorca inició las gestiones con el ministerio durante la pasada legislatura para implantarlo en la isla con la intención de que la sede fuera Puntiró. De hecho, la reforma del centro es uno de los proyectos, junto a la compra de un solar para un centro de acogida de menores extranjeros y la elaboración de un pliego para adquirir pisos para menores tutelados, para los que ya hay comprometidos 4 millones de euros de fondos europeos ente 2022 y 2023, según el convenio de colaboración firmado entre la Conselleria d’Afers Socials i el IMAS durante la pasada legislatura. Unos fondos que podrían perderse por el retraso de los proyectos, que el actual conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez, atribuye a la falta de gestión de sus predecesores.

Desde el IMAS señalan que su apuesta por el modelo Barnahus es firme y que están manteniendo reuniones periódicas con el Govern y la Fiscalía con el fin de seguir avanzando en su implantación. Estas mismas fuentes descartan Puntiró como sede del proyecto dado que prefieren seguir las recomendaciones técnicas que apuestan por un espacio integrado en un entorno comunitario y no por una casa en las afueras o en una zona residencial. «No obstante -aseguran- Puntiró sigue siendo un activo del IMAS y estamos estudiando otros posibles usos para estos inmuebles».

La problemática de Puntiró

El Partido Popular nunca ha considerado Puntiró como un espacio idóneo para acoger un centro asistencial de menores y se ha mostrado muy crítico con el proceso llevado a cabo por los gobiernos progresistas del Consell para su adquisición. En 2017, el Institut Mallorquí d’Afers Socials inició un concurso para conseguir inmuebles para abrir un centro de menores con medidas de protección, uno de primera acogida y otro de residencia para adolescentes entre 13 y 17 años. La convocatoria quedó desierta y el Consell, presidido entonces por Miquel Ensenyat (Més per Mallorca), encontró dos inmuebles en Puntiró sobre los que hizo un contrato de alquiler que se podía convertir en compra, algo que se llevó a cabo en 2018 ante la oposición de los vecinos. Ya en aquel momento el Partido Popular de Mallorca denunció que se compraba un inmueble que no cumplía con el concurso, requisito para hacer una adjudicación directa.
El PP siempre ha sostenido que el Govern del Pacte en el Consell de Mallorca se sirvió de la Ley de Urbanismo de Baleares para declarar de Interés General Insular la finca de Puntiró, pese a que la normativa municipal y el propio Plan Territorial de Palma no lo permitían, por lo que consideran que «el equipamiento está prohibido», según señaló en septiembre de 2022, el actual alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés.

Apuesta por el Barnahus

El modelo Barnahus es una de la apuestas que recomienda la organización Save The Children en su último informe «Por una justicia a la altura de la infancia», publicado este jueves. A partir del análisis de cerca de 400 sentencias judiciales sobre abusos sexuales a niños y niñas en España, el informe, que no recoge datos sobre Baleares, señala que la edad media en que empiezan los abusos son los 11 años y que en 8 de cada 10 casos, el agresor es una persona conocida o del entorno familiar de la víctima. Además, el estudio destaca que en el 80’3% de los casos analizados la víctima es una niña o adolescente y el 96% de los agresores no tienen antecedentes penales relacionados con violencia sexual. El informe arroja otro dato para la reflexión: sólo el 15% de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse.