Consubal califica de «meras ocurrencias» la gran mayoría de las medidas anunciadas en materia de vivienda

En este sentido, Rodríguez ha explicado que tendrán que ser las comunidades de propietarios las promotoras de las obras y, consecuentemente, serán ellas las que tendrán que asumir los costes de los informes técnicos previos, así como los gastos de redacción de proyectos, permisos y ejecución de las obras, «lo que hace muy difícil la aplicación de la medida». En cuanto a la posibilidad del cambio de uso de locales por viviendas, desde la organización de consumidores también han puesto en duda la efectividad de la medida y han destacado la complejidad que representa su aplicación, que dependerá del volumen edificado en el edificio del que forman parte, la densidad y que la normativa urbanística municipal así lo permita. Por otro lado, en cuanto a las limitaciones de los precios máximos de venta, han indicado que no difieren mucho de la propuesta, «por lo que el anuncio pretende más un titular que una medida efectiva».

Asimismo, han censurado el requisito de que para poder acceder a una vivienda protegida no se pueda ser propietario de otra en territorio nacional y que se destine a vivienda habitual, ya que está contemplado en la legislación autonómica y nacional. Así, han criticado que «el Govern busca el beneplácito y la autorización de promotores, constructores y especuladores antes de aprobar cualquier medida, y han señalado que »una muestra clara de a quien pretenden beneficiar es el hecho de que la medida que puede tener mayor efecto es la de cesión de suelo público a las empresas». En este sentido, han recordado que a esta reunión no se invito a las entidades sociales que atienden a los verdaderos afectados por la situación de la vivienda. Finalmente, Consubal ha encargado un informe sobre los aspectos jurídicos de las medidas al despacho de abogados Escandell Leal, experto en temas de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).