El juzgado de Instrucción 2 de Palma, encargado del caso ya ha dictado el auto de apertura de juicio oral en una causa en la que también está personada la Abogacía de la Comunitat y varios de los clientes afectados. La calificación del Ministerio Público incluye, además del delito contra la salud pública, trece diferentes de lesiones por imprudencia por los daños más graves provocados a clientes. Además de las peticiones de prisión, reclama que se inhabilite en total durante ocho años al principal responsable del establecimiento para gestionar cualquier negocio relacionado con la restauración y el pago de multas de más de 30.000 euros. La acusación pública también plantea que las penas de prisión sean sustituidas por expulsión del territorio nacional en el caso de que rebasen el año.
Además del administrador, también está acusada la propia sociedad responsable del restaurante, que, en caso de condena debería abonar una sanción de 73.000 euros. El Ministerio Público incluye en su calificación a un total de 29 clientes del establecimiento que sufrieron daños como consecuencia del mal estado de la comida que se servía en el establecimiento. Pide que sean indemnizados por la aseguradora del local con cantidades que, en uno de los casos supera los mil euros por poco y que, en la mayoría se mueven en una horquilla entre los 300 y los 500 euros.
El brote de salmonela en el restaurante japonés fue detectado por las autoridades sanitarias en agosto de 2019. Durante dos meses se llegaron a acumular más de un centenar de afectados por distintas dolencias, de las cuales 43 lo fueron por salmonela. Es uno de los mayores y más prolongados que han ocurrido en las Islas en los últimos años. Además de las responsabilidades penales que derivan del caso, el establecimiento fue objeto de un expendiente sancionador por parte de la Consellería.
A raíz de aquel brote, la Conselleria de Sanitat detectó varias irregularidades en el establecimiento que permaneció durante dos meses con la actividad suspendida, entre septiembre y diciembre de 2019. La propiedad del local solventó todos aquellos problemas y, desde entonces permanece abierto al público sin que hayan ocurrido nuevos episodios. De hecho, es uno de los locales más concurridos de la calle y es frecuente verlo lleno.
6 comentarios
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La fiscalia deberia pedir prision a ogro tipo de gente no trabajadores , que puedan haber tenido un problema en un momento puntual , a dia de hoy ezta lleno cada dia .verguenza fiscalia
Imprevisible enfermar a la gente durante al menos, dos meses?! Venga ya!
Desconocemos el fondo del asunto, así que no podemos entrar a valorar las peticiones de la fiscalia, pero ayer, un verano más, en la playa de Santa ponsa había varias personas de esa etnia que tenemos que respetar sus costumbres vendiendo bebidas alcohólicas a turistas sin ninguna medida de seguridad alimentaria ni control de ningún tipo. Eso se sabe que pasa todos los veranos, contra ellos no hay inspecciones de sanidad ni de trabajo ni si hay un brote de algo donde buscar ni encontrarlos.
Feldmanimprevisible no, la salmonela justamente es la contaminación que si sigues el protocolo que dicta sanidad, es muy improbable que salga... Además que surge por irregularidades en el local...
La acusación pública reclama la expulsión del territorio nacional, no entiendo que no se haga lo mismo con los "nouvinguts"
Lo que tengo que leer, cárcel por un delito contra la salud pública una contaminación bacteriana imprevisible. En cambio siguen funcionando miles de puestos de comida rápida que dan absoluto pánico, por ejemplo con las carnes de los kebabs dando vueltas chupando el humo de los coches, el polvo en suspensión de la calle/arena/mar y gente manipulándolos sin guantes. Un completo desbarajuste lo que tenemos que aguantar.