La industria inmobiliaria reclama una política de vivienda de largo recorrido

La Fundació Sa Nostra, en colaboración con el Cercle d’Economia de Mallorca, acogió ayer la mesa redonda La vivienda en Baleares: problemas, causas y soluciones con el fin de arrojar luz sobre el futuro de uno de los principales -si no el principal- problemas de los ciudadanos baleares en la actualidad.

Moderada por el arquitecto Pere Nicolau, la mesa contó con la participación del presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, Luis Martín; el presidente de la Demarcación de Mallorca del Colegio de Arquitectos de Balears, Joan Cerdà; la directora general de la Asociación de Constructores de Balears, Sandra Verger ; el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, José Miguel Artieda, y Javier Blas, abogado de Illeslex especialista en derecho inmobiliario.

La falta de un verdadero impulso a la vivienda protegida, la inseguridad jurídica o las limitaciones normativas, coincidieron los participantes, son algunas de las trabas que corresponde a la clase política empezar a revisar para poner hilo a la aguja.

«Tenemos una legislación muy confusa y con la que se ha ido retirando suelo urbanizable del mercado en un territorio ya de por sí muy acotado», señaló Martín antes de apuntalar su argumento: «No hace falta ser economista para saber que con eso suben los precios».

El representante de los promotores se centró en la revisión de densidades para poder crecer en altura, condición sine qua non para ofrecer alternativas en un territorio finito cuya población crece a un ritmo tan elevado como el balear. «No nos tienen que dar miedo las alturas: en el Polígono de Levante, por ejemplo, se podrían levantar ocho alturas en vez de seis». En ese sentido, Martín insta a actuar cuando antes y derribar muros normativos, ya que, igualmente, «al final es algo que se acabará haciendo porque no quedará más remedio».

El problema habitacional «es de todo el Estado y de toda Europa», remarcó Cerdà, quien secundó la propuesta de plantear una ciudad más vertical -aunque «la gente se asuste al tender a pensar en Manhattan»- y defendió la cesión de suelo para vivienda protegida. «Hay que usar bien el urbanismo porque es una herramienta que mal empleada hace mucho daño», reivindicó.

Verger, portavoz de los constructores, hizo hincapié en el brutal incremento de los costes materiales como un factor más del encarecimiento de la vivienda. Además, «no estamos construyendo lo suficiente y eso ha tensionado el mercado de segunda mano y el precio del alquiler». Agilizar los trámites urbanísticos, subrayó, es otra cuestión en el debe de la administración.

Por su parte, Artieda reclamó «medidas posibilistas, directas y efectivas» y cargó contra la falta de una estructura pública de planificación verdaderamente eficiente. «Tenemos una Mesa de Vivienda parada y un Observatorio de la Vivienda inexistente». Asimismo, resaltó la importancia de contar con datos estadísticos afinados "como mínimo cada cuatro años" en aspectos como, por ejemplo, el número de viviendas deshabitadas de cada municipio.

Por último, Javier Blas recordó el reciente episodio de divergencia entre PSOE y PSIB, cuando el partido de Pedro Sánchez tumbó en el Congreso una Proposición de Ley impulsada por los socialistas baleares para que las comunidades pudieran topar el precio de los alquileres en zonas tensionadas. «Era imposible que pasara porque es competencia del Estado». Por otro lado, criticó que la limitación al 2 % de la actualización de la renta del alquiler -prorrogada hasta diciembre que viene- ha tenido un efecto contrario al deseado, ya que «han aumentado vertiginosamente los precios».