Pep Lladó, hijo afectado por el servicio social. | Pere Bota

En junio de 2022, el padre de Pep Lladó empezó a empeorar. Cada vez se movía menos y necesitaba ayuda en el hogar. Su madre no podía hacerse cargo de su esposo porque sufre demencia. Por ello solicitó a Dependència de la Conselleria d’Afers Socials el servicio de asistencia a domicilio. Lo que no se esperaba es que fuera un proceso que tardara tanto. «Pedí la asistencia domiciliaria para mi padre y no se lo concedieron hasta tres días después de que muriera», dice Lladó. La carta le llegó a mediados de enero y en ella le ofrecían el servicio. El hombre, de 87 años, arrastraba una miastenia gravis diagnosticada desde un mes antes, diciembre de 2022.

Ese mismo mes sí que le reconocieron con el grado 3 tras seis largos meses insistiendo. Incluso llegó a enviar el informe médico a la trabajadora de Dependència para agilizar el proceso, ya que no se podía mover y nadie de la Conselleria d’Afers Socials le contestaba. El padre de Pep Lladó empeoró en junio del año anterior. Notaba que cada vez la movilidad era más reducida, pero no requirió servicio extra. En ese momento, contaba con una paga de 150 euros por tener el grado 1. «Mi madre contaba con una asistente, así que le pedimos si podía hacerse cargo también de mi padre un rato, aprovechando que estaba en casa. Esto lo pidió a la Conselleria y se lo negaron», rememora.

Mensajes a Dependència desde junio de 2022 sin contestar.

Como no le respondían a la solicitud de un nuevo servicio para su padre –ahora él y su madre pasarían a tener en casa a dos asistentes–, Pep se responsabilizó y asumió las tareas, hasta que contrataron a una persona de forma privada. El plazo medio para resolver una solicitud de dependencia en Baleares se sitúa en los cuatro meses (226 días). Es un dato malo, y que ha empeorado en el último trimestre, pero está por encima de la media a nivel estatal, que es de 344 días según datos del año 2022 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El director general de Dependència del Govern, Gori Molina, justifica que la pandemia ha sido un factor determinante que ha empeorado la autonomía de las personas y, por ello, han aumentado más las demandas. «Si antes de la pandemia teníamos una lista de unas 1.000 solicitudes mensuales, ahora superamos las 1.100 o 1.200», destaca Molina. En todo caso, recuerda que hay distintas fases administrativas y el tiempo es un factor a tener en cuenta. Una vez que se valora la dependencia, se ofrece un servicio. Antes no.

El apunte

Nuevos contratos en Dependència para reducir los tiempos de espera

La Conselleria d’Afers Socials ha considerado ampliar la red de profesionales en la Direcció General de Dependència como resultado de un crecimiento en la demanda cada vez más alta. Se han incorporado recientemente siete valoradores más, por lo que asciende a 31 los trabajadores en este servicio, y otros siete profesionales para los planes individuales de atención. Desde la dirección esperan llegar así a los 60 días de espera.