Baleares registra más quejas lingüísticas que Cataluña

Una pegatina en contra de la discriminación del catalán.

Kike OñatePalma12/12/22 20:04
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La Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics de Baleares registró 208 casos entre diciembre de 2020 y 2021, según la última memoria presentada ayer en Palma. Esto implica que la entidad balear ha recibido más consultas que la Oficina de Garanties Lingüístiques de Catalunya y la Oficina de Drets Lingüístics valenciana que, en sus últimos informes (de 2019 y 2018, respectivamente), registraron 126 y 87 casos, en este orden. De los 208 casos, el 80 % se han iniciado a partir de solicitudes formuladas por ciudadanos y el 20 % restante han sido de oficio. La mayoría, un 82 %, son reclamaciones, mientras que las sugerencias representan el 12 % y las consultas informativas el 6 %.

El informe de la oficina balear destaca que ha habido un «interés notable» entre los ciudadanos de las Islas para denunciar situaciones que implicaban una vulneración de sus derechos lingüísticos o para obtener información sobre un conflicto. Aun así, desde la Direcció General de Política Lingüística insisten en que los casos registrados «solamente reflejan una parte ínfima de todas las situaciones de vulneración lingüística que se producen en Baleares, la inmensa mayoría contra el uso del catalán. De hecho, la oficina no ha detectado ningún caso discriminatorio contra el uso del castellano aunque recibió 16 reclamaciones al respecto.

Expedientes resueltos

Del total de casos registrados, 23 se han archivado y 117 se han cerrado. Los 105 que respondían a reclamaciones o sugerencias se han resuelto de manera que la causa de la vulneración del derecho lingüístico se ha corregido o se ha conseguido un compromiso de la parte implicada para solucionar el problema. En 16 casos esto no ha sido posible y ha obligado a impulsar actuaciones más complejas. Finalmente, había 52 casos en los que, en el momento publicar la memoria, no se había obtenido respuesta por la parte afectada.

La mayoría de casos se dan en administraciones públicas (83 %), en comparación con las del ámbito privado (16 %). Además, en las instituciones predominan los casos que afectan a la administración autonómica (58 %). Esto, según la oficina, no implica que se cometan más vulneraciones en unas u otras instituciones, sino que los ciudadanos tienen más claro que pueden ejercer su derecho lingüístico sin problemas en el ámbito autonómico.