Alumnos de Educación Secundaria durante una clase | Efe

'PLIS. Educación, por favor' ha acusado este miércoles al conseller de Educación y FP, Martí March, de «mentir» tras asegurar que diez familias han solicitado ante la Justicia de Baleares que se aplique el 25% de castellano en las aulas. De acuerdo con la asociación, son más de 100 familias las que lo han pedido. En una nota de prensa, la asociación ha criticado de esta forma las declaraciones de March este pasado martes en el Parlament, cuando detalló que diez familias habían realizado esta petición hasta ahora. Los diez casos que March indica, según PLIS, corresponden a diez solicitudes que fueron contestadas rápidamente por los directores correspondientes y llegaron antes de las vacaciones escolares, unos ante la Conselleria en alzada y otros ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en contencioso.

«La realidad es que hay más de 100 solicitudes que los directores no contestaron dejando pasar los tres meses de plazo máximo, cumplidos durante las vacaciones escolares. Estas solicitudes entrarán en alzada en unos días», ha señalado la asociación. En este sentido, PLIS ha explicado que para solicitar este 25% en castellano se debe trasladar la petición al director del centro, que tiene tres meses para contestar, y posteriormente, el solicitante tiene un mes para interponer un recurso de alzada. Tras esto, el conseller de Educación tiene tres meses para contestar y, después, el solicitante tiene dos meses para interponer un contencioso ante los tribunales. Una vez interpuesto en el TSJIB puede tardar «meses o años en responder». «Total, se precisan unos nueve meses para llegar a las puertas del TSJIB y entre un año o tres para obtener sentencia», ha indicado la asociación. También ha criticado las palabras de March tras decir que «no hay ninguna sentencia del TSJIB que obligue al 25%» de castellano en las aulas. «Este es un argumento asombroso, justo cuando contra él se han interpuesto ahora mismo diez recursos contenciosos. Es como el ladrón que dice que aún no lo han pillado ni le han condenado. Es cuestión de tiempo, le irán llegando sentencias condenatorias», ha concluido PLIS.

Por otro lado, la asociación ha expuesto un caso de un profesor de las Islas que «presume de menospreciar» a través de las redes sociales «a alumnos que se dirigen a él en castellano». «Además de una falta de educación, es una falta grave que debe tener sanción por parte de la Inspección Educativa», ha advertido PLIS. «La falta es exponencialmente grave si se tiene en cuenta el estatus del profesor frente al alumno, por lo que el alumno es agredido doblemente: por la discriminación por razón de lengua y por el hecho de que la realice aquel en quien confía que ha de ser ejemplo de respeto y valedor de la convivencia en el centro», ha indicado. Según PLIS, «profesores como éste trasladan una imagen del catalán antipática, asociada a la tiranía, que provoca en los alumnos y en el resto de la sociedad un fuerte rechazo».