La presidenta de la Comunidad de Madrid, en un acto público. | Efe

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Un todoterreno de la política española como el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha sido una de las voces que desde la periferia han avalado la idea propuesta por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá: la centralización de impuestos. No tanto que lo recabe todo un cuerpo central administrativo, sino que en todos los territorios se recauden exactamente los mismos tributos, algo que en la práctica no sucede. Un caso muy claro es el impuesto de patrimonio, de actualidad estos días por su eliminación en Andalucía.

La Junta que lidera Juanma Moreno sigue así la estela de todo un faro neoliberal como Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que hace años que Madrid bonifica el 100 % del impuesto sirviendo de foco de atracción para grandes patrimonios. Moreno, en sus explicaciones públicas, dijo que Andalucía dejaba de ser un «infierno fiscal». Desde Twitter Ayuso se apresuró a darle la bienvenida al «paraíso», aquel donde los que más capital y bienes inmobiliarios han amasado no pagan dos veces por lo mismo, en referencia a lo que ya se tributa por la renta. Hay quien carga no obstante contra aquellos «paraísos fiscales» que se crean de facto con decisiones políticas.

El que se plantea es un debate recurrente, y más atendiendo a los tiempos preelectorales que nos aguardan, con un horizonte de elecciones locales y autonómicas a no mucho tardar. El mandatario cántabro ha sido también una de las voces que han afirmado que su gobierno podría plantearse su eliminación, para no tener un agravio competitivo con aquellos que no recaudan el impuesto de patrimonio. Y eso que Cantabria no es de las comunidades que ingresan más por este concepto. Veamos una fotografía del impuesto de patrimonio en Baleares, y en las Islas en relación con el conjunto del Estado.

¿Adónde van esos grandes patrimonios en aras de un mayor rendimiento económico? Hasta ahora Madrid era el único territorio donde el impuesto de patrimonio estaba bonificado al 100 %, y por tanto este concepto no le costaba nada al contribuyente. Andalucía sigue ahora su senda y aplica su receta, sin perjuicio de que otros como La Rioja lo bonifiquen al 75 por ciento desde hace años. En este contexto las Islas Baleares se encuentran en una tesitura muy diferente. Por ejemplo, en el año 2019, el inmediatamente anterior al inicio de la pandemia de covid, 7.814 ciudadanos abonaron a las arcas de las Islas 74,5 millones, un 4,5 % del total que se ingresó en el conjunto de España.

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En aquel año Baleares fue la quinta comunidad que más dinero recaudó a través del impuesto sobre el patrimonio tras Cataluña, Comunitat Valenciana, Andalucía y Galicia. Hay que considerar que no todos los grandes patrimonios pagan exactamente lo mismo, y el tipo de gravamen oscila entre el 0,28 y el 3,45 %. Ello va también en función de su renta con carácter progresivo: a mayor patrimonio mayor es el importe a desembolsar. Es sintomático y llamativo ver cómo el archipiélago no es el lugar donde los ciudadanos con patrimonio equivalente a un millón de euros pagan más. No obstante, en la categoría del tipo máximo para patrimonios mayores a 10,9 millones de euros, las Islas ocupan el segundo puesto de la clasificación a nivel estatal.

De tal modo, el impuesto sobre el patrimonio grava las grandes fortunas aunque las comunidades autónomas tienen un cierto margen para, a través de sus leyes, aplicar deducciones y bonificaciones o bien modificar el mínimo exento. En Baleares y en la mayoría de territorios este mínimo exento es de 700.000 euros, con exención de la vivienda habitual hasta 300.000 euros.

Tal y como mencionó la experta de Economía de Ultima Hora y El Económico, Aina Ginard, «en las Islas se bonifica el 90 % de los bienes de consumo cultural. El importe a pagar por un patrimonio de 800.000 euros -sin contar los 300.000 euros euros de vivienda habitual que están exentos- sería en Baleares de 280 euros. La cantidad es mayor que en 10 comunidades, pero inferior a los más de mil euros a pagar en Aragón o Extremadura. Un contribuyente con un patrimonio de 15 millones de euros paga en Baleares 375.790 euros, situándose como la segunda comunidad donde las fortunas pagan más. Para un patrimonio de cuatro millones de euros, también sería la segunda comunidad con el impuesto más alto».

Este tema no solo va de fiscalidad y de sostenimiento de los servicios públicos. La política ha encontrado un campo abonado para la refriega, y por ejemplo, el ministro Escrivá ha reclamado recientemente que se centralicen impuestos para evitar el «despropósito» de que las comunidades autónomas compitan entre sí en materia fiscal. Al respecto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado un recado afirmando que el PSOE fue el partido que eliminó el impuesto de patrimonio en toda España, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, porque entonces «bajar impuestos era de izquierdas».

En el argumentario conservador suele colarse que solo dos países europeos cuentan con un impuesto parecido, Noruega y Suiza, ninguno de ellos socios de la Unión Europea (UE). No dice Feijóo que el propio Zapatero recuperó el impuesto sobre el patrimonio cuando la crisis de 2008 se lo llevó todo por delante, y las arcas públicas tiritaban de frío. Tampoco comenta nada acerca de que el Gobierno de Mariano Rajoy eludiera su 'responsabilidad' para con los ciudadanos de mayor patrimonio, dejando el impuesto allí donde se lo encontró en su primer Consejo de Ministros y en todos los siguientes.