Imagen de la instalación del primer cable subterráneo y submarino en 2018. | Pere Bota

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El Grup d’Ornitologia Balear (GOB) ha registrado un recurso potestativo de reposición contra el acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2022 por el que se aprueba la planificación de la red de transporte de energía eléctrica Horizonte 2026, que contempla la instalación de un segundo cable eléctrico submarino que conecte Mallorca con la Península. El GOB advierte de que «no se ha considerado la alternativa 0», es decir reducir el consumo de energía en Baleares en lugar de aumentar la potencia de suministro. Advierte que el acuerdo del Consejo de Ministros es «nulo de pleno derecho».

El plan Horizonte 2026 contempla, para el caso de Baleares, una inversión de unos 1.109 millones de euros. Los ecologistas avisan de que «en la fase de audiencia y consulta no se ha dado trámite a los ayuntamientos afectados», más concretamente al Ajuntament d’Alcúdia a pesar de que, según la información publicada en el BOE, el nuevo cable submarino entraría a Mallorca a través de su costa, más concretamente por la bahía de Pollença. «La entrada por Alcúdia, según la memoria de planificación se reputa como vinculante, después de haberse estudiado tres alternativas distintas en función de la capacidad de enlace», dice el GOB. «Dado que las tres alternativas son viables, desde un punto de vista técnico se ha seleccionado aquella que presenta mayor valor para el sistema en términos de valor actual neto (VAN) en comparación con el coste de inversión de la actuación», dicen los ecologistas.

Cabe recordar que el Ajuntament d’Alcúdia ha hecho un frente común (entre gobierno y oposición) para tratar de evitar que el cable submarino llegue a su costa a través de la Bahía de Pollença atravesando luego 11 kilómetros de zonas pobladas hasta conectar con la subestación eléctrica de Sant Martí, situada junto a Es Murterar. El conseller de Transicció Energética i Sector Productius, Juan Pedro Yllanes, se reunió a finales de abril con la entonces alcaldesa, Bàrbara Rebassa (PSOE), para buscar una alternativa «de consenso». Yllanes pidió al Ajuntament d’Alcúdia que presente una «propuesta alternativa que, con la menor afectación posible a las praderas de posidonia, satisfaga la demanda municipal de evitar las zonas más pobladas».

«Nos hemos sentido escuchados y ahora los técnicos trabajarán en una propuesta diferente para que el cable llegue a la bahía de Alcúdia y vaya preferiblemente por carretera», dijo entonces Bàrbara Rebassa. El Govern aseguró que está dispuesto a evaluar todas las vías posibles siempre que no afecten a las praderas de posidonia. En el caso de hacerlo, avisa de que el proyecto «sería inviable temporalmente y podría peligrar su ejecución ya que debería ir a una evaluación larga de la Unión Europea».

Estudio de alternativas

En su escrito el GOB se hace eco de las alegaciones efectuadas sobre este asunto por la Conselleria de Medi Ambient y Territori del Govern que solicita que se contemple la entrada del cable submarino Península-Mallorca por la bahía de Palma en lugar de por Alcúdia, evitando afectar a zonas de interés comunitario (LIC) y zonas de especial protección para las aves (ZEPA), así como a las praderas de posidonia oceánica. «La interconexión de unos 420 kilómetros afecta a la Red Natura 2000 Illes Balears. No haber estudiado la alternativa 0 es un requisito esencial; su omisión es causa de nulidad de pleno derecho y la planificación carece pues de validez jurídica», dicen los ecologistas en su recurso. Piden que se tenga en cuenta que «ni siquiera se ha considerado la alternativa de un segundo cable de entrada por el mismo punto por el que entra el primer cable de inteconexión Península-Mallorca».

Según el GOB, «si la opción vinculante que contempla la planificación aprobada de entrada del segundo cable a Mallorca por la bahía de Pollença y por el término municipal de Alcúdia afecta como dice la Comissió Balear de Medi Ambient a zonas de posidonia, cualquier otra alternativa de entrada del cable, por ejemplo por la bahía de Alcúdia, exigiría una modificación del acuerdo del Consejo de Ministros». Por último, los ecologistas avisan de que «una mayor potencia de suministro constituye un incentivo para el crecimiento urbanístico en unas islas ya saturadas, con veranos de colapso, cuando los planes del Govern sobre el cambio de modelo económico que promueve (aunque retóricamente) dicen orientarse hacia políticas de decrecimiento, por ejemplo en plazas turísticas». «En términos de soberanía energética, la interconexión propuesta supondrá una dependencia del 65 % del suministro que provendrá de la Península si bien la Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica difiere de esta magnitud y estima que la aportación del sistema peninsular a la cobertura de la demanda de Baleares aumentará un 28 % en 2019 y un 81 % en 2026.