Con ese objetivo en mente, la hotelera mallorquina ha contratado los servicios de una prestigiosa consultora internacional, The Raben Group, para que monitorice posibles cambios legislativos y en las políticas de EEUU hacia Cuba que puedan afectar los intereses de las empresas extranjeras que allí operan.
El acuerdo entre consultora y hotelera fijaba el pago de 35.000 dólares mensuales –más gastos adicionales– desde el 16 de mayo al 15 de agosto (plazo susceptible de ser prorrogado) por los servicios de la consultora, que incluyeron reuniones con diferentes responsables de la administración estadounidense y persigue, asimismo, «establecer un mejor entendimiento» entre ésta y la propia cadena hotelera. La consultora centra su trabajo en dos artículos de la ley Helms-Burton que el Departamento de Estado de EEUU desempolvó en 2019 y que le facultan para iniciar acciones contra «extranjeros que hayan confiscado bienes de nacionales estadounidenses o traficado con dichos bienes». De esta manera, el Departamento de Estado de EEUU pretendía amparar las reclamaciones de los descendientes de cubanos exiliados que fueron expropiados por el régimen castrista.
Espoleados por el apoyo del Gobierno Trump, familiares de esos exiliados iniciaron demandas contra grupos hoteleros que operan en esos terrenos, entre ellos, la propia Meliá –con unos 40 hoteles en suelo cubano– pero también otras cadenas mallorquinas como Iberostar, Barceló o Blau Hotels.
A pesar de la polvareda que levantó todo el proceso –Gabriel Escarrer llegó a ver prohibida su entrada en EEUU–, la estrategia pinchó en hueso y pareció haber agotado su recorrido. De hecho, un juzgado de Palma llegó a archivar en 2021 la demanda de la familia Sánchez Hill contra Meliá al reconocerse incompetente por falta de jurisdicción.
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És a dir, els EUA són culpables de l'aïllament de la població cubana que al mateix temps sofreix una dictadura per evitar que els EUA els colonitzi. Quin món tan difícil