Denuncian que se está dificultando el acceso presencial a los centros de salud.    | Jaume Morey

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Las doce entidades integradas en la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de Balears le reclaman al Govern que promueva políticas sanitarias que protejan al paciente. En este sentido, reprochan al Ejecutivo el deterioro que sufre especialmente Atención Primaria, un hecho que, a su juicio, deriva hacia la externalización de los servicios públicos. Entre las entidades de la plataforma se encuentran, por ejemplo, desde ALAS (asociación Lluita Anti-Sida) a la Federació de Veïns de Palma o Metges del Món; y hoy mismo le presentarán un documento a la consellera    Patricia Gómez con el análisis realizado de la situación del sistema sanitario público.

En primer lugar, denuncian las «alarmantes listas de espera en muchos centros», lo que termina derivando en restricciones de acceso presencial de los ciudadanos. De hecho, la Plataforma critica el exceso de herramientas informáticas o telefónicas que dificulta las cosas a la gente mayor. «Hace tiempo que los centros de salud han abandonado el modelo    progresista de orientación comunitaria», denuncian en el escrito, por lo que piden un plan de recursos humanos y un calendario de aplicación.

Como se recodará, algo similar le solicitó también Inspección de Trabajo al IB-Salut tras una denuncia del Sindicato Médico en la que advertían de la alta presión laboral que tenía el personal de los centros de salud. Los firmantes tildan de «parches» las diferentes actuaciones realizadas por la Conselleria en los últimos años para paliar las altas listas de espera. Por otro lado, recriminan que no haya un «análisis global» o un «plan estratégico estructurado».

Salut ha apostado este año por pedir horas extra, las conocidas peonadas, y por sumar a las clínicas privadas en su estrategia para reducir la espera, pero las asociaciones creen que son soluciones poco accesibles o difícilmente comprensibles para la ciudadanía. Por otra parte, se critica la tendencia de la Conselleria a optar por la colaboración público-privada, algo que debería ser excepcional, dicen, pues «con frecuencia supone una privatización encubierta». Por último, tildan de «preocupante» la realidad de la salud mental en la comunidad, ante lo que solicitan planes detallados «para afrontar el problema tanto asistencial, como de perspectiva», sin olvidar un incremento de especialistas. Aunque la salud mental, advierten, depende también «de alternativas sociales, educativas y ocupacionales, ausentes en las políticas baleares».