El desgarrador testimonio de Bartomeu Sbert, uno de los principales encausados en el ‘caso Cursach’, es un ejemplo descarnado de la manera de proceder que tuvieron en su investigación el juez Penalva y el fiscal Subirán. La propia Fiscalía admitió en la sesión de ayer del juicio oral que durante la instrucción se habían conculcado derechos fundamentales de algunos de los implicados, circunstancia denunciada con insistencia desde este diario y que el TSJIB ha tardado años en reconocer y rectificar. Aceptar lo ocurrido debe ser el principio para garantizar de que no volverá a ocurrir, que el Estado de derecho no se pisoteará de manera sistemática por el mero capricho de un juez y un fiscal.
Una vista peculiar.
La admisión de las irregularidades cometidas por el tándem Penalva-Subirán, en sus respectivos papeles de juez instructor y fiscal, en el ‘caso Cursach’ le otorga a la vista oral recién iniciada un carácter inusual que puede acabar condicionando el desenlace final. Muchas de las pruebas y testimonios proceden de diligencias viciadas en origen, como denuncia Sbert en su dramática declaración. Lo sucedido es inaceptable y es probable que otros encausados en diferentes asuntos se hayan visto identificados con el proceder en el ‘caso Cursach’, prueba clara de que hay errores en nuestro sistema judicial que deben corregirse con urgencia.
Autoexamen judicial.
La apertura del juicio del ‘caso Cursach’, con independencia de su desenlace final, también supone la exhibición de la acumulación de errores en un procedimiento judicial que nadie quiso ver desde un primer momento. La cuestión planea desde el primer momento en la sala de vistas, aunque muchas de sus consecuencias personales, familiares, económicas o políticas ya sean irreparables. Tiene, pues, el ‘caso Cursach’ mucho de catársis judicial, de errores que nunca deberían haberse cometido.
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Nadie se debe ir de rositas...nadie. Si hay que anular que se haga y SE VUELVA A EMPEZAR.