Decrecer plazas, recuperar espacios. Uno de los objetivos de la nueva ley turística es favorecer el decrecimiento de plazas además de la reconversión hotelera de alojamientos degradados. | G. ALOMAR

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La nueva normativa turística que aprobará este mes el Parlament abre la puerta a la eliminación de casi 30.000 plazas obsoletas, que pasarán a la bolsa de plazas para convertirse en camas de 4 y 5 estrellas si todos los establecimientos obsoletos que hay en las Islas se acogen a esta posibilidad. Una vez que entre en vigor la ley, que recibirá el impulso final en el pleno del día 31 de este mes, los alojamientos turísticos de 1 y 2 estrellas podrán reconvertirse en viviendas, oficinas o centros sociosanitarios.

Según los datos recogidos por el Ibestat, en las Islas hay 408 establecimientos que cumplen las condiciones que marca la norma, lo que no quiere decir que todos ellos vayan a pedir el cambio de usos. Suman en total 28.121 plazas, de las que casi la mitad están en hoteles. En Balears hay 28 hoteles de una estrella, con 2.199 plazas a las que se suman las 9.933 plazas de los 64 hoteles de dos estrellas que hay en las islas.

También los hostales

El resto de plazas se concentra entre hostales de 1 y 2 estrellas, con un total de 4.686 plazas repartidas en 96 establecimientos. El resto hasta completar los 408 corresponden a hoteles apartamento de 1 y 2 estrella, hostales residencias y residencias apartamento de esta misma categoría.

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La norma deja claro que las plazas que se liberen con la reconversión de los establecimientos turísticos solo podrán recuperarse mediante el sistema de intercambio entre particulares, por lo que no quedarán sujetas al sistema del 2x1. Es decir, no desaparecerá la mitad, sino que supondrá un aumento de la categoría de los hoteles. El Govern es consciente de que no todos los propietarios de estas establecimientos estarán de acuerdo con el cambio de usos ya que ello les obliga, en el caso de que opten por transformarse en una vivienda, a reservar como mínimo la mitad de los pisos a VPO, una exigencia que complica esta posibilidad.

De hecho, nada más estallar la pandemia, el Govern aprobó un decreto ley de medidas urgentes económicas en las que se incorporó la posibilidad del cambio de uso con la condición de que las viviendas fueran VPO. Ningún hotel se acogió a esta posibilidad. La norma, que entrará en vigor en junio, permite demoler el edificio en el caso de que sea imposible una reforma para construir pisos. La enmienda presentada por el PIy aceptada por el Pacte señala que la demolición podrá acordarse cuando las características técnicas, constructivas o edificatorias de un edificio hagan que la reforma parcial o la rehabilitación integral «no resulte viable técnica o económicamente», según la norma.

El cambio de usos no será gratis para los hoteleros ya que deberán abonar a los ayuntamientos el 5 % del presupuesto de ejecución en concepto de aprovechamiento. Estos ingresos se deberán destinar a actuaciones e inversiones en la zona donde se ha hecho el cambio de usos. Se creará una mesa de trabajo en la que se definirán las inversiones.

Los empleados

Los hoteleros que se acojan a esta reconversión tendrán otra obligación: deberán subrogar a todos los trabajadores de los establecimientos que se dan de baja. Es una de las condiciones que pusieron los sindicatos para dar su apoyo a esta norma acordada entre el PI y el Pacte.