Manuel Molina y Yolanda Marroig.

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Los abogados animalistas de Mallorca consideran un «paso atrás» la modificación del Código Penal que impulsa el Gobierno para los delitos de maltrato animal. El presidente de la Asociación Balear de Abogados Animalistas (Abada) y de la Comisión de Derecho Animales del Colegio de Abogados, Manuel Molina, explica que: «El Código Penal prevé unas penas máximas, por muy grave que sea el caso de maltrato hablamos de casos reales como el que cubre de gasolina a un gato y prende fuego o le mete en una lavadora para ver como se ahoga. Todos esos casos especialmente crueles prevén una pena máxima de 18 meses de prisión. El problema es que una pena no superior a dos años, tiene muy fácil conseguir no entrar en prisión».

La reforma que plantea el Ejecutivo sigue sin superar el umbral de dos años y, además prevé que la pena de prisión pueda ser sustituida por multa. «Será fácil llegar a un acuerdo y que el acusado no ingrese en prisión. La sensación de impunidad para el maltratador y el resto de la sociedad es terrible», señala Molina. La vicepresidenta de la asociación, Yolanda Marroig, explica que un endurecimiento de la condena y la posibilidad de ingreso en prisión implican una prevención del delito y la advertencia para «sádicos» de que atacar a un ser más débil implica un castigo. La asociación celebrará el próximo jueves su décimo aniversario con un acto a las 16.30 horas. Fue el primer órgano de este tipo en constituirse a nivel nacional en paralelo funciona la comisión del Colegio.

A través de Abada, los abogados se han personado en una treintena de causas penales en Balears sobre maltrato animal y consiguió los dos primeros ingresos en prisión en toda España para maltratadores. Marroig también señaló que la normativa de defensa animal en Balears está «obsoleta»: «Hay incumplimientos que prevén sanciones que son ridículas pero es que ni siquiera se llegan a aplicar porque no hay respuesta de la administración». La asociación espera que se tramite una nueva normativa, pero Molina, la valora con cautela porque solo abordará la situación de animales domésticos y no del resto de animales no silvestres como los de ganadería.