Las grandes empresas acudieron a la vía judicial tras la aprobación del plan en el año 2019. | C. VIERA

7

El Tribunal Supremo analizará treinta artículos del Plan Director de Equipamientos Comerciales de Mallorca con el que el Consell Insular introdujo limitaciones a las grandes superficies. El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso planteado por la Asociación nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contra el grueso del    plan. Justifica que colisiona de plano con la normativa europea que garantiza el libre acceso a servicios. El Supremo entiende que puede producirse esa colisión con las directivas de la UE y en los próximos meses dictará una sentencia.

Las grandes empresas acudieron a la vía judicial tras la aprobación del plan en el año 2019. El TSJIB desestimó su recurso. «Justifica que las medidas de ordenación territorial propuestas tienden a conseguir el equilibrio de los equipamientos comerciales en el territorio, la disminución de afectación ambiental y tratar que los establecimientos estén cera de los consumidores». También destacaba que se mantenía la posibilidad de que los municipios establecieran su propia regulación «siempre con la debida coordinación y colaboración que debe imperar entre las distintas administraciones a la hora de actuar y en especial en cuanto se trata de gestionar el territorio que comparten y el medio ambiente que deben proteger».

Recurso

Las grandes empresas incluyen en su recurso peticiones para anular cuestiones como la zonificación comercial que impulsaba el plan, que dividía en tres áreas la Isla y planteaba más restricciones en torno a Palma y a Inca. Igualmente cuestiona los artículos que regulan la superficie máxima de los comercios, las denominaciones de equipamiento comercial o las especificaciones en materia de cambio climático.

ANGED también persigue en el Tribunal Supremo la anulación del plan ya que su recurso sostiene que atenta contra las reglas del mercado y optaba por un modelo comercial que perjudicaba a los grandes centros comerciales a favor del pequeño comercio. El alto tribunal    revisará si esta norma colisiona con cinco leyes diferentes.