La Audiencia Nacional anula la absolución de la cúpula de Sa Nostra y exige una nueva sentencia

Lo que reprocha la nueva decisión judicial a la sentencia exculpatoria es que no explique por qué descarta los indicios incriminatorios que constaban en informes del Banco de España o de Price Waterhouse que apuntaban a que se benefició al empresario Martín Gual con créditos millonarios por parte de la antigua caja.

La sentencia absolutoria descartaba de plano la existencia de un delito y exculpaba a los antiguos directores generales de la caja, Pau Dols y Pere Batle. Entendía que si la operación para construir en Son Bordoy fracasó fue por «razones ajenas a los acusados». Consideraba que, la decisión de recurrir a Gual para llevar a cabo la promoción se basó en problemas de insolvencia grave de las empresas que hasta ese momento tenían los terrenos y que existía un «compromiso serio para realizar el proyecto». La sentencia daba más peso a los correos electrónicos que había entre los acusados que acreditaban, a su juicio, que se trabajó de manera seria para intentar encauzar el proyecto y que el fracaso de las empresas anteriores exponía a un mayor riesgo patrimonial a la entidad. «El examen de los hechos tal y como ocurrieron no arroja prueba ni indicio alguno de administración ilegal», concluía.

La Fiscalía reclama condenas de cuatro años de prisión para los acusados. La nueva sentencia considera que los magistrados en primera instancia descontextualizaron el «estudio financiero global por si los movimientos económicos respondían o no a otras actuaciones». También reprocha que los magistrados hayan omitido «conclusiones lógicas de analistas expertos en operaciones de financiación incluso en el contexto de crisis económica» y obligan a una nueva sentencia.