La nueva ley turística, que no se sabe muy bien si es cien por cien hotelera o se ha quedado corta por motivos preelectorales, fue presentada a bombo y platillo por vez primera cuando se habían consumido los primeros días de 2022, el 17 de enero, con motivo de la celebración en Madrid de la feria turística internacional Fitur. Asistentes de renombre en el acto que tuvo lugar en el Museo Reina Sofía, entre los que destacaron las ministras Yolanda Díaz y Reyes Maroto, así como los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Turisme i Treball, Iago Negueruela, echaron el resto para intentar explicar las líneas generales de una ley que pretende convertir a Baleares en el primer destino internacional en circularidad y sostenibilidad. De este encuentro solo transcendió el cambio de 300.000 camas hoteleras, eliminación de calderas de gasoil, apuesta por los productos agropecuarios de kilómetro cero y una nueva catalogación hotelera.
Patronales y empresarios de todos los sectores durante Fitur repitieron, una y otra vez, que había que conocer la letra pequeña para valorarla. Con el paso de las semanas salieron a la luz numerosos borradores, porque las filtraciones fueron la tónica general, así como desinformaciones sobre el texto definitivo. El enfado de los responsables de la Conselleria de Turisme fue mayúsculo. Sin embargo, desde el primer momento no hubo duda alguna de que se trataba de una ley hotelera y no turística en su globalidad. Esto no lo pone en duda nadie, ni siquiera el Govern.
Se sabe que se negoció su redacción, en concreto todo lo relacionado con la circularidad y mejoras de salud laboral, con la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y grandes cadenas. Los hoteleros, sin embargo, no se enteraron hasta el día de la presentación oficial de lo que no se les había comunicado, como es la moratoria de cuatro años para nuevas plazas. Esto es lo que ha soliviantado a los empresarios, por entender que atenta contra la economía de libre mercado y que supone una vuelta de tuerca más a la normativa que estaba vigente y que funcionaba Las reticencias hoteleras van a ir in crescendo, de ahí las críticas de las patronales hoteleras de Mallorca, Menorca, Eivissa y de Petit Hotels (PIMEM) para no apoyar la moratoria.
La bomba de la nueva ley se dio a conocer el día 11 en el patio del Consolat de Mar. Armengol anunció que se aprobaba el bloqueo o moratoria para nuevas plazas turísticas durante los próximos cuatro años, afectando el decrecimiento a la oferta de alquiler turístico vacacional de un modo especial. No extraña la reacción furibunda posterior de la patronal Habtur, así como la de las viviendas vacacionales englobada en la CAEB, en contra de este decrecimiento que favorece de manera especial a los hoteleros porque, según ellos, va a beneficiar a los hoteleros de fondos europeos para el cambio de camas y, encima, han conseguido revalorizar, según los fondos de inversión extranjeros, un 20 % sus activos inmobiliarios.
Durante la última semana ha habido un silencio administrativo, solo roto por el alquiler turístico con declaraciones muy duras y dejando al Govern en una situación muy delicada. «Nos sentimos engañados», ha reiterado una y otra vez el presidente de Habtur, Antoni Barceló. La CAEB no ha dado todavía su opinión sobre la ley y la PIMEM se ha visto obligada a hacerlo por presiones internas. Su presidente, Jordi Mora, tuvo que hacer encaje de bolillos para contentar a tirios y troyanos. La ley se ha pergeñado de forma torticera y con un consenso pírrico.
La presidenta de la FEHM, Maria Frontera, arropada por los presidentes de las asociaciones hoteleras de cada zona turística de la Isla, lanzó otra bomba el pasado viernes, que ha dejado descolocado al Govern y a los partidos del Pacte. El «no rotundo» a la moratoria turística y su queja formal de que las prisas no llevan a ningún lado, más aún cuando se actúa con criterios políticos y preelectorales, es generalizado. Precisamente, el cariz político es el que ha provocado las prisas para cerrar el articulado del decreto ley y que sea tramitado por vía de urgencia en el Parlament. Su tramitación no va a ser nada fácil.
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