Los letrados se concentraron en la sede de sa Gerreria. | Pere Bota

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Más de sesenta del centenar de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de Baleares secundaron ayer la huelga convocada para reclamar que el Ministerio les considere un colectivo único a la hora de negociar. La protesta provocó algunas suspensiones de juicios en Palma, aunque la mayoría de agendas habían quedado descargadas en previsión de la convocatoria.

La delegada en Baleares de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, Margarita de Juan, defendió su papel como una «figura esencia y fundamental en la Administración de Justicia» y recordó que, en el año 2009 se ampliaron de manera muy importante sus competencias, de manera que asumieron la dirección de todo el procedimiento mientras que los jueces limitaron su papel al de dictar resoluciones. «No queremos un aumento de sueldo, sino una adecuación, que se mejore en la medida que han aumentado nuestras funciones», señaló. Insiste en que el Ministerio se ha comprometido a esa mejora pero que lleva años sin llegar a materializarse.

La otra reclamación clave del colectivo es poder negociar a través de sus asociaciones sus condiciones laborales y que el Ministerio no lo haga con los sindicatos generalistas: «Entendemos que cumplen su función para el resto de funcionarios pero no nos representan a nosotros».
Los LAJ, antes conocidos como secretarios judiciales, ejercen la dirección de las oficinas de los juzgados y son los responsables de funciones como las ejecuciones de las sentencias que dictan los jueces.

El apunte

Concentración en las puertas de sa Gerreria

La parte más visible de la protesta fue la concentración de una treintena de letrados de la Administración de Justicia ante la sede judicial de sa Gerreria. A pesar de que la convocatoria la impulsaba una única asociación de las cuatro que representan al colectivo, logró la adhesión de más de la mitad de los profesionales que ejercen en los órganos judiciales de Balears. Los convocantes criticaron los servicios mínimos impuestos por elMinisterio que consideran excesivos en muchas jurisdicciones, más allá de lo que afecta a medidas cautelares, causas con presos o los juzgados de guardia.