El abogado del Obispado de Mallorca, Victor Gómez. | Obispado de Mallorca

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«Tenemos que aclarar que no podemos identificar nueve de estos doce inmuebles sobre los que hay alguna discrepancia sobre su titularidad porque los datos aportados por el Gobierno español son insuficientes», señala el abogado del Obispado de Mallorca, Victor Gómez, que este martes a través de un vídeo ha explicado «la disposición a subsanar las discrepancias» con respecto a las matriculaciones.

En relación a los tres inmuebles que sí que han sido identificados, Gómez aclara que «tienen un título diferente a una inmatriculación». Concretamente explica que «puede ser una escritura de compraventa, donación o herencia anterior a 1998». Sin embargo, desde el Obispado reconocen que «dos de ellos fueron un error en Pollença, pero este error está subsanado desde 2016, cuando se canceló la inmatriculación».

El Gobierno y la Iglesia católica explicaron este lunes las dos versiones opuestas sobre el acuerdo al que han llegado sobre inmatriculaciones. Según el Ejecutivo, han acordado que 1.000 bienes fueron inmatriculados indebidamente por la Iglesia, mientras que los obispos aseguran que se trata de 1.000 errores, es decir, un millar de bienes que fueron adjudicados erróneamente por el Gobierno a la Iglesia pero que no son suyos y, por tanto, no pueden devolverlos. Así, por parte del Gobierno, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, aseguró que se trata de «un primer acuerdo en torno a un millar de bienes que fueron inmatriculados de manera indebida sin título, sin causa, por parte de la Iglesia» y sobre los que ahora van a «iniciar el proceso de regularización». Esta versión del acuerdo contrasta con la que ha ofrecido la Conferencia Episcopal Española, la cual asegura que lo que han entregado al Gobierno es un informe con «un millar de errores», es decir, en torno a mil bienes que habrían sido adjudicados erróneamente a la Iglesia y que, por lo tanto, no pueden devolver.