El portavoz del grupo popular, Toni Costa, | T. Ayuga

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El grupo parlamentario popular ha registrado una iniciativa para instar al Govern a modificar la normativa para excluir del acceso a ayudas a la vivienda a los okupas. La proposición no de ley plantea «que se excluya como beneficiarios de programas y subvenciones a aquellas personas que hayan sido condenadas por ocupaciones ilegales de viviendas en la vía penal, civil o administrativa, durante los cinco años anteriores a la solicitud», ha informado el PP en una nota. El portavoz del grupo popular, Toni Costa, ha recordado que el partido lleva «más de 6 meses avisando de que la okupación ilegal de viviendas en Baleares constituía un problema de primera magnitud y este lunes la Fiscalía confirma que detecta un incremento de un 73,9 % de las okupaciones, la mayor subida de todas las comunidades autónomas».

«Cada día se okupan dos viviendas en las islas y este hecho pone en evidencia que no se puede mirar hacia otro lado como hace el Govern de Armengol con la okupación porque este problema se enquistará y se agravará», ha advertido. En la proposición no de ley, el PP pide al Govern que inste al Congreso a modificar las normas para combatir la okupación y las mafias y «garantizar que los legítimos propietarios de las viviendas okupadas recuperen sus inmuebles en un plazo máximo de 24 horas». Plantea además que el Parlament inste al Govern a solicitar al Gobierno central que «de forma urgente, promueva los cambios legislativos correspondientes para que sólo se permita el empadronamiento a quienes demuestren que residen en una vivienda cumpliendo con el marco legal y sin vulnerar los derechos de otros ciudadanos, como los del propietario del inmueble».

El PP quiere además que el Parlament inste al Govern a que en las oficinas del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) se acojan y coordinen las acciones dirigidas a combatir la okupación en viviendas públicas y privadas. El grupo popular pretende también que el Parlament manifieste su preocupación por el incremento de las okupaciones ilegales de viviendas en Baleares y constate que «suponen un fracaso del marco jurídico regulador, generan inseguridad y agrava el problema del conjunto de la sociedad». El PP pide al Govern que haga «un llamamiento al cumplimiento de la Ley, al respeto a la propiedad privada, y en su caso a la adaptación de las leyes para que sean efectivas y eficaces a la hora de dar la seguridad jurídica necesaria para incentivar la puesta en alquiler del máximo de viviendas».