Cristina Conti, fotografiada antes de la entrevista. | T. Ayuga

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Cristina Conti es la vicepresidenta de la Federació d’Associacions de Pares i Mares (FAPA) de Mallorca. Son ya más de 40 años de funcionamiento de esta organización, que se ha convertido en interlocutora imprescindible en la comunidad educativa, pero no cabe duda de que la pandemia y sus dificultades han intensificado la luz de su foco.

La FAPA se ha mostrado muy crítica con los cambios de protocolos COVID en los centros...

—Nos llegan nuevos protocolos e instrucciones y exigimos que se nos explique el porqué de los cambios, simplemente para que los podamos entender. Nos estamos encontrando con interpretaciones diferentes por parte de los centros a la hora de aplicar las nuevas instrucciones. Todo ello se evitaría con una adecuada motivación de esos cambios.

¿Falla la transparencia en la Conselleria d’Educació?

—Con la Conselleria tenemos canales abiertos de comunicación que no habíamos tenido nunca hasta ahora. No nos podemos quejar, pues nos da facilidades si necesitamos una relación inmediata, pero la Conselleria se ha convertido en un simple transmisor de instrucciones y debería no sólo transmitirlas, sino también explicarlas. Por ejemplo, por qué rigen normas diferentes en actividades muy similares, dependiendo de si son escolares o sociales. A lo mejor se puede justificar, pero que lo hagan.

Después de casi dos años, ¿cómo se lleva la pandemia desde las familias?

—Estamos preocupadas por el estado anímico de los adolescentes. Existen problemas de socialización en edades en que ésta es muy importante y los contactos por redes no son del todo saludables. Es necesario un mayor trabajo psicológico. Las escuelas no son únicamente centros de aprendizaje, Son centros de socialización, pero esta circunstancia no se debe cargar sobre los docentes, que ya tienen bastante con lo suyo. Tienen que intervenir otros profesionales que acompañen a los alumnos y las familias en los problemas que se salen de lo estrictamente pedagógico. Los docentes sí pueden detectar o sospechar de determinadas situaciones, pero necesitan a otras personas que puedan activar protocolos. Lo que no podemos hacer es no enfrentarnos a situaciones no deseadas por dudas o falta de decisión o conocimiento de los docentes.

¿Otros problemas derivados de la pandemia?

—La inclusión. Existe la plataforma Illes per la Inclusió Educativa, que comparte experiencias y problemáticas, y ha mantenido reuniones con la Conselleria. La diversidad funcional está atendida de modo insuficiente. Realmente, esa atención depende de la lotería de la sensibilidad o de la buena fe de un docente. En Balears hay cuatro niños que no están siendo escolarizados porque necesitan una enfermera escolar y no disponen de ella. En el otro extremo, los alumnos con altas capacidades son unos grandes olvidados, lo que les lleva habitualmente a fracasar en la adolescencia. No se les da una adecuada solución o estímulo. No sólo se trata de sus problemas académicos. También sufren problemas psicológicos y de socialización, y sufren bullying porque son los niños raros.

¿Cómo solucionamos estas cuestiones?

—Bajando las ratios, pero para ello tenemos problemas de infraestructuras. Hay una solución que se aplica en otros países, que es la de dos docentes por aula, pero aquí no acaba de estar bien vista. Y los programas de refuerzo no son generalizados. Dependen también de los centros y de docentes voluntarios para ello. Estas cuestiones tampoco pueden depender de la capacidad económica de las familias, de si tienen recursos para que sus hijos reciban atención o refuerzo. Por supuesto, respetamos la autonomía de los centros, pero siempre que todas las necesidades sean atendidas.

Usted plantea una enseñanza multidisciplinar...

—Es que la escuela es así, como ya he dicho antes con los problemas sociales, psicológicos, económicos, familiares o de conciliación que pueden incidir en la enseñanza. Así, otro perfil a promocionar en la educación es el del trabajador social, con carácter permanente. El trabajador social puede conocer los problemas de una familia, informarle sobre recursos disponibles, becas o actividades gratuitas. Se trata de liberar a las familias, sobre todo a las vulnerables, de determinadas presiones, así como a los docentes. Sólo así avanzaremos hacia una educación realmente gratuita. La función de las familias no es pagar por servicios educativos, sino, en la medida de sus posibilidades, pagar impuestos para que la educación sea realmente gratuita.

La Llei d’Educació se está tramitando en el Parlament...

—La plataforma Illes per un Pacte, que nosotros integramos, entregó un documento de propuesta al Parlament, pero observamos que el texto que se tramita no atiende cuestiones como una adecuada formación inicial de los docentes y una autonomía de centros participada por toda la comunidad educativa. Está demostrado que la implicación de las familias en la educación mejora los resultados de los alumnos. Los centros no lo ven como una injerencia y lo entienden así en Primaria, pero hay una tendencia a que ese entendimiento y esa coordinación con las familias se pierdan en Secundaria.