Imagen de archivo de un desahucio en Palma. | Teresa Ayuga

Los órganos judiciales de Baleares han practicado en el segundo trimestre del año 367 lanzamientos, un 30,36 % menos que en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia de COVID-19, cuando se registraron 537 desahucios.

El informe «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales» publicado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial compara los datos de este año y los del segundo trimestre de 2019, ya que la escasa actividad judicial entre abril y junio de 2020 hace que la comparación con los datos de ese año sea «escasamente significativa», según detalla el TSJIB en una nota.

Entre abril y junio de 2021 se han practicado en Baleares 367 lanzamientos, un 1.083 % más que en el mismo trimestre de 2020, cuando se registraron 31.

En concreto, 307 de estos lanzamientos en el archipiélago fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 46 se derivaron de ejecuciones hipotecarias y 14 obedecieron a otras causas.

En las islas, los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias han experimentado un incremento del 557,1 % respecto al mismo trimestre de 2020.

Los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos han aumentado un 1.295,5 % respecto a hace un año y los derivados de otras causas se han incrementado un 600 % en comparación al segundo trimestre de 2020.

Además, el informe detalla que entre el pasado abril y junio se solicitaron 1.609 lanzamientos en Baleares a los servicios comunes, que es un 92,2 % más que en mismo trimestre de 2020, y de ellos, 426 terminaron con cumplimiento positivo, un 334,7 % más en un año.

Durante el segundo trimestre de 2021, en Baleares se han presentado 146 ejecuciones hipotecarias, que es un 128,1 % más respecto al mismo periodo de 2020.

En relación con las okupaciones (los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social), en el segundo trimestre de 2021 han ingresado en Baleares 42 asuntos, un 68 % más que en el año anterior.

En cuanto a los datos nacionales, el número de lanzamientos o desahucios practicados en España en el segundo trimestre del año cayó un 21,2 % respecto al mismo periodo de 2019, hasta los 11.571, con lo que recuperan la tendencia a la baja previa a la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, los datos publicados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran un «importante incremento» de las ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta, las cuales crecieron un 98,2 % frente a hace dos años, hasta las 7.646, la cifra más alta desde 2017.

Respecto a los lanzamientos, los derivados de ejecuciones bajaron un 25,3 % respecto a 2019, mientras que los vinculados al impago del alquiler lo hicieron un 18,9 %.

Por tipología, estos últimos, consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), continúan siendo los más numerosos y representaron un 69,4 % del total (8.028), mientras que el 24,6 % (2.849) fueron fruto de embargos, y los 694 restantes obedecieron a otras causas.

Cataluña, con 2.624 procedimientos, el 22,7 % del total nacional, fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre de 2021, seguida por Andalucía, con 1.794; Comunidad Valenciana, con 1.760, y Madrid, con 1.178.

Atendiendo sólo a los vinculados al impago del alquiler, vuelven a aparecer en los primeros puestos Cataluña, con 1.904, el 23,7 % del total; Andalucía, 1.185; Comunidad Valenciana, 1.070, y Madrid, con 930.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, encabeza la lista la Comunidad Valenciana, con 641, seguida de Andalucía, con 492; Cataluña, 453, y Murcia, 247.
Las cifras disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre fue de 18.574, un 0,11 % menos que en 2019; de ellos, 9.259 terminaron con cumplimiento positivo, lo que supone una disminución del 15 % respecto al año prepandemia.

No obstante, aclara el CGPJ en nota de prensa, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Importante incremento en los embargos

El órgano de los jueces advierte de la «importante» subida en el número de ejecuciones hipotecarias, que en el segundo trimestre superaron los 7.640 procedimientos, un 98,2 % más que en 2019, lo que la sitúa como la cifra más alta desde el mismo periodo de 2017.

El mayor número se ha dado en Andalucía, con 1.608, el 21 % del total; le siguen Cataluña, con 1.592; Comunidad Valenciana, con 1.275, y Madrid, con 611.

Con todo, poniendo en relación las ejecuciones ingresadas con la población, destacan Murcia, con 32,9 por cada 100.000 habitantes; Comunidad Valenciana, con 25,3, y Cataluña, con 20,5.

En opinión de la asociación de consumidores Adicae, este panorama expresa «la urgente necesidad de una moratoria de dos años que impida el inicio de ejecuciones hipotecarias y paralice las ya iniciadas».

Avisa de que, aunque los datos sobre lanzamientos son «moderados, distorsionan la realidad dado que la inmensa mayoría de las ejecuciones iniciadas finalizarán en la pérdida efectiva de la vivienda y, en un momento u otro, en el desahucio».

Motivo por el que, ha avanzado Adicae, ya ultiman una propuesta «concreta y articulada» que, «superando los déficit de las medidas adoptadas hasta el momento, dé respuesta eficaz a un creciente problema de gran impacto económico y social».

Más del doble de concursos de acreedores

También han repuntado de forma considerable los concursos de acreedores, a pesar de la moratoria activada por el Gobierno como consecuencia de la crisis del coronavirus.

En total, entre marzo y junio se registraron 5.017, de los que 2.675 (el 53,3 %) correspondieron a personas físicas no empresarios.

Esta evolución ha supuesto un incremento del 68,2 % respecto al mismo trimestre de 2019.

Los juzgados de lo Mercantil sumaron 2.342 concursos, un 35,5 % más que en 2019, con Cataluña como la comunidad con mayor número de procedimientos en estas sedes, 778, es decir, el 33,2 % del total nacional.